La decisión se tomó después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, dispuso que Guatemala investigue, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales del crimen contra Carpio y otras tres personas, después de haber ordenado al Estado el pago de US$1.3 millones a las familias de las víctimas.
El caso fue designado al fiscal Marco Tulio Escobar, quien deberá empezar el proceso de cero. Las primeras acciones van dirigidas a localizar a los testigos y las evidencias.
Uno de los problemas que ya tienen los investigadores del MP es que desaparecieron las ojivas y vainas localizadas en la escena del crimen.
Karen Fischer, familiar de Carpio, explicó que solicitarán a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que se una a la búsqueda de evidencias.
“Esperamos que se haga justicia, e incluso nosotros nos ofrecemos para buscar a los testigos”, aseguró Fischer.
Carpio fue asesinado en 1993, junto a otras tres personas, cuando regresaban de efectuar actividades políticas.
Antes de la resolución de la CIDH, cinco ex paramilitares habían sido absueltos en un juicio por el asesinato de Carpio y sus acompañantes.
La semana última, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Estado garantice la seguridad de testigos, jueces, fiscales y familiares de las víctimas en el nuevo proceso judicial.
