La ley establece los sujetos obligados a publicar de oficio la información financiera, puestos de trabajo y otros detalles más de su funcionamiento para que la población pueda saber en que se invierten sus impuestos y qué hacen sus funcionarios.
El informe que evaluó el 2018 en esta materia arroja también que los consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y Municipales de Desarrollo (Comude) son las que menos cumplen con esta ley que está en vigencia desde hace 10 años.
En el caso de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) se reporta uno de los peores retrocesos pues en su portal de internet no se publica la información de lo que hace. Esto incluye subir los datos de cotizaciones y licitaciones de programas, viajes nacionales, transferencias, subsidios y becas entres otros renglones, que la ley considera información de oficio.
Y solo se publica parcialmente los informes de remuneraciones, viajes internacionales, compras directas, gastos y viáticos al exterior del país. Orlando Ramírez, secretario de SAAS, señaló que han tenido problemas para subir la información a su portal web.
“Ese es un problema que justo que ahora que nos llegó la información inmediatamente estamos procediendo a revisas por qué no está publicado, porque yo si le puede asegurar que todas las personas que han solicitado por medio de información pública los datos de los viajes nacionales, salarios, nóminas e incluso toda la planilla completa de las direcciones se les ha entregado”, justifica el funcionario.
El procurador de derechos humanos, Jordán Rodas, propone una capacitación a los trabajadores de SAAS, para que comiencen a cumplir con lo que ordena la ley. Aunque resalta que en 2016 y 2017 se habían cumplido con los requerimientos establecidos por la ley.
“Estamos trabajando en eso, no se está dejando de informar el problema es que no ha sido publicado”, respondió el jefe de la SAAS.
Pero este no es el único caso emblemático en el Organismo Ejecutivo. La PDH señaló que se presentaron amparos contra el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y la secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ya que se niegan a entregar información, señalando que “se pone en riesgo la seguridad nacional”.
“El tema de seguridad nacional es de hecho objeto de la reserva del Ministerio y de la secretaría Técnica que a no corresponde, por que ya la Corte de Constitucionalidad emitió opinión indicando que el concepto de seguridad nacional realmente se acota a eso. Las compras de Defensa y de Gobernación no pueden ser consideradas como temas de seguridad nacional, ni los nombramientos“. señaló Violeta Mazariegos, secretaria de Acceso a la Información Pública de la PDH.
En cifras
El informe se resaltó que se han registrado mejoras en las instituciones relacionadas al sector deporte, pero hay cuatro federaciones que se rehúsan a hacer públicos los datos de su funcionamiento. Se trata de las federaciones de Surf, Softball, Ecuestre y Pentatlón Moderno.
Entre los resultados presentados por la PDH sobresale que de 1,259 sujetos obligados a rendir cuentas, 956 entregaron informe y 303 no presentaron documentos. En el sector público, de 897 sujetos obligados, 800 cumplieron y 97 incumplieron. En tanto, en el sector no público, es decir fideicomisos y organizaciones no gubernamentales, de 362 sujetos obligados solo 156 presentaron informe, incumpliendo 206 entidades.
La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 21 de Abril del 2009 y obliga a rendir cuentas a las personas y entidades que utilicen recursos gubernamentales, pero el otorgamiento de licencias explotación fue donde más se incumple con la información.
En el año 2018 se constató que 76 de las 340 municipalidades no cuentan con el portal electrónico o página web; herramienta indispensable para cumplir con la publicación de información que requiere la Ley. Mazariegos explica que “la información de gasto público no es de acceso generalizado a través de portales electrónicos en 172 municipalidades que representan el 50.59% de total de la comunas”.
Se pudo establecer que 96 municipalidades en el país a pesar de contar con la herramienta como página web incumplen con la publicación de la información de oficio relacionada con gasto público, pero del total de las 340 comunas solo 26 tiene el mayor cumplimiento y de estas la única que alcanzó 100 puntos en nivel de cumplimiento es la de San José del Golfo, en el departamento de Guatemala seguido por Santa Cruz el Chol en Baja Verapaz y la de Masagua en Escuintla que tiene un promedio de 85.71, mientras que la comuna de Guatemala se ubica en sexta posición con 83.33.
En cuanto al uso de fideicomiso, las municipalidades de Chinautla, San José del Golfo, Zacapa, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla y Retalhuleu no cumplieron en nada.
“El Sector público en general se resiste mucho a publicar lo que tiene que ver con salarios, es lo que más se ve en las municipalidades, hay un expediente abierto en el caso de la Municipalidad de Salamá, que tiene publicado en su página que no van a publicar la información de salarios”, explica Mazariegos.
Una situación similar ocurre con los fideicomisos manejados por los ministerios de Finanzas, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda así como Agricultura Ganadería y Alimentación que tienen bajo cumplimiento y en algunos casos datos nulos.
