Justicia

EE. UU. ya excarceló a Marllory Chacón

En mayo de 2015, una corte de Miami, Florida, sentenció a 12 años de cárcel por narcotráfico a quien el Departamento del Tesoro de EE .UU. describía como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica”. Ahora, ocho años antes de lo previsto, está en libertad.

La guatemalteca Marllory Chacón Rossell fue condenada por dirigir una organización de narcotráfico y lavado de dinero con operaciones en América Central y Sudamérica. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La guatemalteca Marllory Chacón Rossell fue condenada por dirigir una organización de narcotráfico y lavado de dinero con operaciones en América Central y Sudamérica. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 27 de febrero pasado, sin mayor pompa, la guatemalteca Marllory Chacón Rossell salió caminando de una cárcel de mínima seguridad en Tallahassee, Florida, como una mujer libre. Permaneció encarcelada cuatro años y medio desde que se entregó a la justicia estadounidense en septiembre de 2014, en Miami, Florida. Es decir, menos tiempo del que EE.UU. empleó para seguirle la pista desde 2008 para capturarla.

Originalmente, calificaba para ser excarcelada hasta marzo de 2025. ¿Qué hizo que la corte adelantara su salida seis años? Negociar. Por algo William Barzee, uno de los abogados de la guatemalteca, le dijo a InSight Crime que el reajuste en la sentencia había respondido a la “extraordinaria cantidad y calidad de la cooperación de la señora Chacón”.

En efecto, su salida temprana no fue gratis, y sólo podía pagar con una moneda: la delación—especialmente considerando que, en 2012, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. la calificó como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica” y “la lavadora de dinero más activa de Guatemala”. De hecho, anunció que “se creía” que Chacón había lavado por mes decenas de millones de dólares, producto de ganancias del narcotráfico. En el juicio de los Lorenzana en EE.UU. (marzo de 2016), la misma Chacón admitiría que diez años antes traficó “más de US$200 millones de dólares” para “más de tres carteles” colombianos, y que había ganado “más de US$40 millones de dólares” con los Lorenzana. No por nada conocía el negocio y contactos importantes que delataría años después.

Comenzó a urdir el plan en diciembre de 2012 cuando, por medio de sus abogados, Chacón aceptó colaborar con la justicia estadounidense, según consta en su expediente. Se trata de una colección de documentos accesibles hasta principios de 2015, pero que en abril de ese año una corte de Miami colocó en reserva (no accesible al público) durante los cinco años siguientes.

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La reserva era un síntoma de algo obvio: Chacón iba a colaborar a tal grado que, para protección suya y de su familia, su abogada Bonnie Klapper solicitó a la corte vedar el acceso del público a sus declaraciones. Chacón y su familia también solicitaron asilo en EE.UU. bajo la Convención Contra la Tortura, según consta en el documento 47 del expediente 11-20582, para evitar ser deportada después de cumplir su condena (como es obligatorio para todo extranjero después que cumple una sentencia de cárcel). La justificación principal de la solicitud fue “el peligro extraordinario que ella (Chacón) enfrenta como resultado de su cooperación (con la fiscalía de Florida) si regresa a Guatemala”.

Tan clave era la información que ofreció entre 2012 y 2014 que, para protegerse de represalias, se reunió en al menos cinco países distintos con agentes de la Agencia Federal Anti Drogas de los EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) para entregarles información, según lo declaró en 2016 en una corte del Distrito de Columbia, en EE.UU.

Por algo un agente antidrogas estadounidense le dijo a InSight Crime que Chacón “tal vez” era la mayor fuente de información que jamás habían tenido. Sin embargo, desde que se colocó en reserva su expediente en Florida, no hay información pública disponible que confirme si el gobierno estadounidense le concedió asilo a Chacón y su familia, lo cual evitaría que sea deportada después de su excarcelación del pasado 27 de febrero.

Blancos de las delaciones

Información extraoficial indica que Chacón y el guatemalteco Hayron Borrayo Lasmibat, ex socio de Chacón, habrían entregado US$2 millones a la campaña del desaparecido Partido Patriota en 2011, aunque Chacón y la futura vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), siempre negaron conocerse. Para agosto de 2013, Chacón supuestamente había colaborado para la captura de su ya ex socio Borrayo en París, Francia, desde donde fue extraditado a EE.UU. en marzo de 2014, como consta en el expediente 11-CR-20512 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Coincidentemente, en mayo de 2014, Chacón se comunicó telefónicamente con Prensa Libre para aclarar que estaba de vacaciones en París, con su hija, y no detenida según información extraoficial difundida. Sólo ocho días antes (el 15 de mayo), las autoridades guatemaltecas además habían capturado en Guatemala a Jairo Orellana Morales, pedido en extradición por narcotráfico por EE.UU., y en cuyo caso Chacón también habría colaborado con información. Cuatro meses más tarde, se entregaría en Miami a las autoridades de EE.UU. Chacón, según InSight Crime, también habría declarado contra Baldetti y el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, en casos por narcotráfico contra ambos en la capital estadounidense.

Para el 28 de enero pasado, Borrayo, quien decidió colaborar con la justicia estadounidense, fue excarcelado en EE.UU. (se desconoce si permanece en ese país), y Orellana ya no aparece en custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés)—una señal de que lo custodian otras autoridades, porque su fecha de excarcelación aún aparece como “desconocida” y su ubicación, en reserva.

Una suerte distinta corrieron los hermanos Waldemar y Eliú Lorenzana Cordón, quienes no colaboraron con la justicia estadounidense, y contra quienes Chacón testificó en el juicio contra ambos en 2016. Su declaración, contenida en el expediente 03-CR-00331 en una corte del Distrito de Columbia, duró tres días. Los hermanos Lorenzana fueran encontrados culpables y la corte los sentenció a cadena perpetua por narcotráfico en 2018.

Los nexos de Gastélum

Chacón también hizo importantes revelaciones contra el mexicano César Gastélum Serrano, un operador del Cartel de Sinaloa en Centroamérica, según InSight Crime. Por aparte, autoridades mexicanas indicaron que uno de sus contactos más importantes en Honduras eran los hermanos Valle Valle, que también eran socios de los Lorenzana Cordón. Gastélum coordinaba el envío de droga desde Colombia hasta México vía Centroamérica, por lo que no era extraño que Chacón—quien operaba en la misma ruta, con dinero y cocaína—conociera sus movimientos.

Las autoridades mexicanas capturaron a Gastélum en abril de 2015 en Cancún, casi tres años después que Chacón comenzó a colaborar con la DEA y unas semanas antes de ser sentenciada. Una vez extraditado a EE.UU., Gastélum siguió los pasos de Chacón: acabó como testigo de la Fiscalía de Brooklyn contra el otrora capo del citado cartel, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán, dijo en el juicio que Gastélum tenía información de que el cartel había sobornado a candidatos presidenciales en Guatemala y a un presidente hondureño.

Pero la historia de Gastélum con Guatemala no comenzó con Chacón ni con sus candidatos presidenciales. El expediente de los Lorenzana Cordón registra que, entre 2002 y 2005, el guatemalteco Walter Arelio Montejo Mérida le daba en alquiler una propiedad en Huehuetenango a Gastélum, que este usaba para traficar cocaína hacia México. Era droga que Montejo le compraba a los Lorenzana Cordón y que, en ocasiones, estos habían comprado vía Chacón o Herrera a proveedores colombianos. Luego, Montejo la vendía a traficantes mexicanos, como Gastélum. Esto, antes de que el guatemalteco fuera detenido en 2012 a pedido de EE.UU., para extraditarlo por narcotráfico y además fuera identificado como integrante de los Huistas en Huehuetenango (una estructura vinculada al lavado de dinero).

Ahora Gastélum (quien fue citado como testigo en el juicio contra El Chapo entre 2018 y 2019 en EE.UU.), y Montejo (quien también declaró contra los Lorenzana), tampoco aparecen custodiados por el BOP, aunque lo deben estar por otras autoridades porque su fecha de excarcelación también aparece como “desconocida”.

Pero había algo más en común entre estos casos: Steve Fraga, el agente de la DEA encargado en los casos de Herrera, Orellana, Eliú Lorenzana y Gastélum. Era cuestión de tiempo para que la DEA encontrara la conexión más útil entre todos: Chacón.

Chacón realidad se había iniciado en el negocio por default, por asociación. Su esposo, el hondureño José Andrés Fernández Carbajal (ahora desligado del proceso, como parte de la negociación), era el involucrado en tareas de logística para un cartel colombiano, según lo relató Chacón en 2016. “[Él] recolectaba dólares y los almacenaba en Guatemala; cuando lo capturaron en 2002 y en 2003 (por portación de documentos falsos), el cartel me pidió que hiciera lo que hacía mi esposo: verificar desde la capital que los dólares fueran entregados a las organizaciones encargadas de transportarlos a Panamá y Colombia”, reveló Chacón. “La venta ocurría en Guatemala y Honduras […]; mi esposo me instruyó acerca del trabajo que debía hacer, y lo hicimos. [Ese] trabajo era verificar que los dólares fueran almacenados y entregados en lugares seguros en el perímetro de la ciudad, [y hacer el] intercambio de números telefónicos para verificar las entregas seguras”.

En el expediente 11-CR-20512 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida, del caso contra Borrayo, un informante aseguró que un socio colombiano le solicitaba ayuda a Chacón para encontrar compradores en Honduras para cocaína procedente de Colombia, y que la guatemalteca también coordinó la recepción de al menos un cargamento en Honduras por medio de dos teléfonos celulares. “En uno instruye cuál pista de aterrizaje se debía utilizar, y cuánto combustible necesitaban para llegar”, según lo reveló el testigo (quien la filmó). También la escuchó diciendo que “había comprado un avión Cessna Caravan para transportar hasta dos toneladas de cocaína”, y discutieron qué porciones del cargamento pertenecían a qué compradores, y cuántos debía pagar ella, “para estar lista para pagarlos al contado”. Aunque Chacón aparecía mencionada en las declaraciones, no aparece entre los acusados. Tiene un expediente aparte.

Dando y dando

La colaboración de Chacón tenía sólo un propósito: conseguir que la fiscalía abogara ante la corte para la reducción de su sentencia de cárcel, y que pudiera permanecer en EE.UU. después de excarcelada (que sería el caso si recibió libertad supervisada o condicional, durante varios años). El 5 de mayo de 2015, cuando se escuchó sentenciada a 12 años de cárcel, Chacón había llegado sonriente a la corte, según un reporte de AP. Ya había echado a andar la maquinaria para reducir su condena, pero tendría que esperar casi cuatro años para recuperar su libertad (casi una tercera parte de la condena original de 12 años).

Chacón también había pagado una multa de US$1 millón de dólares antes de escuchar su sentencia, como parte de su cooperación con el Gobierno de los EE.UU., aunque aseguraba que para entonces su fortuna se había esfumado. “Yo no tenía nada, absolutamente nada”, aseguró, cuando la defensa de los Lorenzana cuestionaban su interés en declarar en el juicio.

Para el 22 de febrero de 2019, según InSight Crime, la corte del caso en Miami redujo la sentencia de cárcel de Chacón a cinco años—que además estaba sujeta a otra reducción del 15%—un beneficio que le permitiría “ser excarcelada en los próximos días”. La estimación fue lotería cantada. Se cumplió cinco días después. Y Chacón se perdió en el mapa.

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