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Este banco de datos permitiría la comparación de los perfiles genéticos de los detenidos por cualquier delito, por ejemplo, un robo, con los registros genéticos de agresores sexuales como el de violadores en serie, permitiendo una acusación en su contra.
A finales de 2017 se aprobó en el Legislativo la Ley del banco de Datos Genéticos para uso Forense. La normativa dispone que se “almacenará y sistematizará la información genética de las personas aprehendidas por cualquier delito, así como las muestras biológicas obtenidas en el curso de una investigación criminal”.
En la ley, al considerarse “que protege el bien común y los derechos individuales de los sindicados inocentes y las víctimas, se autoriza que se tome la muestra de ADN de sangre de la persona sindicado, aunque esta la rehúse” según su artículo 3.
Luego de su aprobación, sin embargo, el consejo directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), integrado por el presidente del Organismo Judicial, la fiscal general del Ministerio Público, el presidente del Colegio de Médicos, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal presentaron dos acciones de inconstitucionalidad general parcial contra la norma.
Los argumentos contra la ley se centran en el artículo 3 y aducen que viola la presunción de inocencia.
Según la acción de inconstitucionalidad, presentada el 30 de octubre el “Organismo Legislativo no puede autorizar cuestión alguna relacionada con una persona privada de libertad (…) la medida solamente puede ocurrir siempre que medie autorización de juez competente”.
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“La extracción de sangre debe verdaderamente pasar de sujeto de derecho la persona a objeto de investigación y consecuentemente debe prevalecer no para todas las personas, si no solo a determinados delitos. Sobre esto se baso para implementar la inconstitucionalidad” indicó la fiscal general, Consuelo Porras al preguntarle por la adhesión del MP a la acción de inconstitucionalidad.
Por el contrario, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia Morales, no comparte este criterio. “No se viola la presunción de inocencia, la muestra la usa solo el MP, no se domina la Ley de Banco de Datos Genéticos, no puede tener acceso a esa prueba nadie, es exclusivo del MP ” indicó.
Contra impunidad
Ayer un grupo de organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) y la Fundación Sobrevivientes, plantearon un recurso de Amicus Curiae, una opinión presentada voluntariamente a la CC, señalando que la ley no viola preceptos constitucionales, entre ellos la presunción de inocencia del detenido.
Ana Victoria Maldonado, integrante de OSAR, indicó que la implementación del Banco de Datos Genéticos es importante para la prevención de los delitos sexuales de los cuales son víctimas 110 mil niños y niñas cada año.
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“El Consejo de Inacif se ha quedado como garantista. Se tienen miles de perfiles registrados, pero si no se tiene con qué comparar no se puede obtener un resultado” señaló Claudia Hernández, subdirectora de la Fundación Sobrevivientes.
Según la activista estos incluso podrían ayudar a resolver casos de personas detenidas injustamente al dar con los verdaderos autores.
Por su parte el criminalista Alejandro Chang, excoordinador del área de análisis de la Fiscalía de la Mujer, refiere que la puesta en marcha del Banco de Datos Genéticos, permitiría descubrir patrones de violadores en serie e incluso imputar otros delitos sexuales a personas ya en prisión por otras acciones.
“Bases de datos de otros países como Estados Unidos muestran que hay un estimado de reincidencia en estos delitos del 24 por ciento. Además muchos agresores comienzan con delitos menores y luego pasan a otros más graves” refiere Chang.
Un caso paradigmático es el de los violadores de la Roosevelt, comenta el experto, en este caso los integrantes empezaron como ladrones de vehículos y más tarde sumaron las violaciones a su práctica habitual.
De los 20 detenidos por este caso uno ya falleció en la cárcel y otros cuatro ya han salido en libertad, según registros del Sistema Penitenciario.
Limitaciones técnicas
A los conflictos legales por resolver se suman limitaciones técnicas, señala el director de Inacif, Fanuel García, quien advirtió que la institución no dispone de los recursos para que sea “un médico” el que tomé la muestra de ADN, lo que requeriría mucho más personal del disponible. Esto ya que la normativa, a diferencia de en otros países, no permite que la muestra la tomen técnicos de recolección de evidencias o los mismo agentes de policía.
Por su parte la diputada Alejandra Carrillo, parte de la Sala Legislativa que dio el dictamen a la ley señala que se han programado audiencias con autoridades de Inacif para plantear reformas a la ley en el Congreso. Según la congresista se tiene contemplado plantear cambios en la ley para hacerla más fácilmente implementable para las instituciones.
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