Es la primera vez que se emite una posición en conjunto para demandar el seguimiento del proceso para la aprobación del proyecto, que, por ley, deberá ser aprobado por los diputados.
Existe un riesgo político de que el contrato no pueda avanzar este año por ser un período electoral, así como la paralización de la agenda legislativa, advirtió Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y quién habló como vocero en representación por otros gremios empresariales durante una conferencia de prensa.
Esa misma postura reflejaron el ministro de Finanzas Públicas Víctor Manuel Martínez, y Roberto Sagastume, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), quienes se sumaron al llamado, para que avance el respectivo dictamen.
Contrato no avanza
“Hemos realizado varias reuniones y abordando las dudas. Tenemos un problema muy importante y es que el Ministerio de Comunicaciones no puede brindarle mantenimiento al tramo, porque hay un contrato adjudicado y se han reportado vulnerabilidades (accidentes)”, afirmó el ministro.
Martínez dijo que en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, existen lozas fracturadas y la empresa (que ganó la licitación) ya cuenta con el plan de licitación y una inversión de US$80 millones.
“No avanzamos porque no hay discusión en el Congreso y en este caso en particular no es que tengamos los recursos, si no que hay cambio de condiciones por el contrato”, afirmó.
Estancado
Sagastume dijo que los integrantes de la referida comisión aún no brindan el dictamen a la iniciativa de ley, que se presentó en octubre del 2018, luego del proceso de licitación, donde participaron tres firmas.
El contrato fue asignado a la empresa Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), que presentó la mejor oferta.
“La comisión aún no dictamina y una vez el dictamen el contrato pasará al pleno para su discusión en primera, segunda y tercera lectura. Hemos expuesto en varias ocasiones información que se ha requerido sobre el dictamen”, afirmó Sagastume.
Precisó que el proyecto del contrato tiene un plazo de aprobación de un año o sea que finalizará en octubre.
El director de Anadie, dijo que en los proyectos existen varios riesgos y el político es uno de ellos.
Mejorar competitividad
Rodolfo Sierra, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), resaltó la importancia de contar con una infraestructura de primer nivel, que conecta con el principal puerto del país y por donde se moviliza el 56% del comercio exterior (importaciones y exportaciones).
“Una infraestructura como esta permitirá un mayor desplazamiento para el intercambio de productos y una mejora en la competitividad, por lo que urgimos al Congreso conocer el dictamen”, enfatizó.
Sierra, manifestó que para el transporte de carga y para la cadena de suministros el trayecto es clave para desarrollar la economía, aumentar las relaciones de comercio y la atracción de inversión.
Zepeda, dijo que la obra creará mil 700 empleos directos y tendrá un beneficio para las poblaciones cercanas.
Un fracaso impactaría otros proyectos
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (AmCham), dijo que, si el proyecto no avanza en el Congreso y finaliza el plazo de vigencia (según la cláusula), el país quedará mal ante los inversionistas extranjeros, por el incumplimiento del contrato.
“Lo lamentable será que al no aprobarse este contrato se pierda la oportunidad de licitar otros proyectos por la vía APP, porqué será un precedente negativo”, afirmó.
En ese sentido, dijo que se perderían siete años de trabajo, que fue el tiempo que duró desde la instalación de la Anadie hasta la finalización del contrato.
Sagustume, afirmó que la autopista fue el primer proyecto de lanza.
La operación
René Muñoz, director de asuntos corporativos de Convía, explicó que, una vez finalizado el proceso de aprobación por el Congreso, en un período de seis a ocho meses empezarían los trabajos de construcción, que iniciarían desde el Puerto Quetzal hasta Escuintla, por ser el tramo que más atención necesita.
Contó que existe un mayor deterioro de la infraestructura, que implicaría un incrementó del costo del proyecto al monto original.
El monto es de Q600 millones, pero podría elevarse a los Q700 millones por el daño de la infraestructura de la autopista actual y daños en los puentes que hacen necesario la reconstrucción.
La obra consta de 41 kilómetros con la construcción de distribuidores viales y conexiones,
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