En efecto, los líderes de la oposición, empezando por el propio Capriles, fueron mediáticamente “silenciados”, y además insultados y amenazados, con la complicidad de un poder judicial controlado por el régimen. En este marco con el árbitro electoral parcializado y con una abstención del 41%, el gobierno y sus aliados obtuvieron el 49% de los votos populares en todo el país, y la alianza opositora MUD y sus aliados, el 43%. Sin embargo, el 8% restante es un voto básicamente de oposición al gobierno.

Por tanto, se puede afirmar que el país sigue dividido en dos partes relativamente equivalentes. Pero, respecto a las precedentes elecciones municipales del 2008, es evidente el debilitamiento del voto oficialista y el fortalecimiento de la alternativa democrática.

En efecto, de las 337 alcaldías del país, el gobierno controlaba 265 y ahora ganó solo en 242, mientras la oposición, de las 51 que tenía, obtuvo el triunfo en 75. El crecimiento en número de concejales fue exponencial, de 200 subió a 800. En una democracia normal, la división del electorado en dos partes más o menos parecidas crearía las condiciones para el diálogo y la negociación.

En cambio en Venezuela el gobierno ha inmediatamente despojado inconstitucionalmente a las alcaldías de la oposición más relevantes de atribuciones, presupuesto y bienes, insultando y desconociendo al pueblo que votó por los alcaldes ganadores, pero para agregar el insulto a la ofensa creó cargos para sus candidatos perdedores con las competencias y los recursos “confiscados” a las alcaldías perdidas.

Son una especie de gauleiters nazi o procónsules romanos en pleno siglo XXI. Además ha recrudecido la campaña de deshumanización de los líderes de la MUD, que también recuerda al untermensh nazi y a los “gusanos” del castrismo. También ha incrementado la campaña de amenazas de encarcelamiento contra los líderes de la oposición.

El país camina cada vez más hacia una dictadura con maquillaje electoral. La situación socioeconómica empeorará considerablemente después de que se acaben los tradicionales jolgorios de la época navideña, junto con el dinero repartido en los “aguinaldos” de fin de año.

Para febrero se prevé una nueva devaluación oficial de la moneda y un aumento de la inflación, del desempleo y de la escasez. Frente a la grave crisis socioeconómica en puertas, el gobierno tiene dos caminos: la rectificación pragmática que implicaría el diálogo con el sector privado y una reducción del enfrentamiento con la oposición o profundizar la estatización de la economía y aumentar la represión de la oposición. Sin embargo, este segundo camino es, a mediano plazo, insostenible.

La centralización y la colectivización total de la economía manejada por una burocracia ineficiente, incapaz y corrupta en el marco de una infraestructura deficiente crearán las condiciones para un colapso en el sistema de importación, producción y distribución de productos, en particular, de alimentos. El régimen venezolano, sin el carisma del caudillo fundador, con una chequera petrolera disminuida y una alternativa democrática fortalecida, ha ingresado en el camino de una inexorable decadencia.