Óscar Pop, representante de los pueblos queqchíes, expresó: “Repudiamos el innecesario despliegue de fuerza policial para reprimir a campesinos”. Además, exige que se integre una mesa de diálogo y se detenga el acoso.
Las organizaciones aseguraron que el terror vivido en el desalojo revivió el clima de la guerra interna.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina, indicó que todo fue planificado, ya que movilizaron a más de mil agentes policiales. “Solicitaremos la condena para el Estado”, expuso.
En la capital, el Observatorio de Pueblos Indígenas condenó lo sucedido en Alta Verapaz. Los denunciantes responsabilizaron al gobernante, Otto Pérez Molina, a la empresa Hidro Santa Rita, al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Balcárcel, por la ejecución de los tres líderes comunitarios.
Ronald Sierra, gobernador de Alta Verapaz, manifestó que no le preocupan los señalamientos porque con anticipación vecinos habían pedido a Pérez Molina que controle los abusos por parte de grupo de personas en la entrada a la finca Santa Rita.
Agregó que lo ocurrido en Raxruhá no tuvo nada que ver con el desalojo, ya que fue por detenciones debido a robo de energía eléctrica.
