Desde el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) analizamos cuatro macro sistemas y sus respectivas leyes que inciden directamente en el tema de gestión pública: Presupuesto, Contraloría, Adquisiciones y Servicio Civil.
En materia de presupuesto, preocupa que en las últimas dos décadas su composición ha reflejado un mayor crecimiento del gasto respecto de los ingresos tributarios. Se ha priorizado el gasto de funcionamiento en detrimento de la inversión. Hay un crecimiento del gasto en la masa salarial. Hay muy poca planificación estratégica y operativa, ausencia de un sistema de seguimiento basado en un grupo priorizado y reducido de indicadores que permitan medir el avance de las prioridades gubernamentales.
Persisten múltiples obstáculos en la fase de ejecución del gasto como cuellos de botella en procesos de adquisiciones, deficiencias en coordinación interinstitucional para intervenciones estratégicas y alta cantidad de modificaciones presupuestarias. También se detectó dificultad en el control de calidad de las construcciones de infraestructura, retrasos en plazos de ejecución de obras (prórrogas contractuales) y constantes incrementos en montos de los contratos. Hay un desorden en el registro contable del gasto y en el manejo de las fuentes de financiamiento, y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas que genera incertidumbre debido a que no hay una interpretación consensuada de las normas del régimen de compras públicas. Por lo tanto, existen altas ineficiencias, desperdicio y mal uso de fondos públicos y desatención de los servicios que prestan las entidades públicas. Los informes de rendición de cuentas son una mera formalidad.
En Guatemala, el sistema de adquisiciones públicas no cuenta con encargados gerenciales, pues sigue descansando en el correcto funcionamiento de los controles legales. Necesariamente, se debe asumir un nuevo modelo concentrado en los usuarios, los resultados y la rendición de cuentas. Las múltiples reformas incorporadas a la Ley de Contrataciones del Estado, sin haber utilizado técnicas mínimas de redacción, dificulta su interpretación.
Se tiene un gran desafío con el Servicio Civil. La ley vigente continúa inalterada desde su promulgación en 1968, y contiene algunas inconsistencias –tales como violación en el articulado de los mismos principios legales. El principal problema radica en el generalizado incumplimiento de la ley, especialmente por la cantidad de pactos colectivos de condiciones de trabajo suscritos en los últimos años, que no cuentan con límites financieros y pasan la ley por alto. Es necesario contar con la institucionalidad adecuada para romper el círculo de la discrecionalidad, la burocracia y la falta de transparencia. En este sentido, debe analizarse el sistema de servicio civil y promover una reforma que atraiga al capital humano mejor capacitado; que impulse la carrera administrativa basada en la meritocracia y principios.
