El máximo tribunal fijó cinco días al Juzgado para que programe la audiencia, bajo apercibimiento. Debe celebrarse antes del 5 de enero, fecha que fijó el Tribunal B de Mayor Riesgo para iniciar el nuevo debate.
La resolución la firmaron los magistrados Roberto Molina Barreto, presidente de la CC; Gloria Porras, Alejandro Maldonado, Mauro Chacón y Héctor Pérez Aguilera.
Ese fallo también confirma la anterior resolución de la CC, que ordenó que se repitiera el juicio contra los dos generales retirados, al anular la sentencia en que Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión y Rodríguez Sánchez fue absuelto.
Lo resuelto
La CC otorgó el amparo en definitiva al Ministerio Público (MP) y a los querellantes adhesivos, la Asociación para la Justicia y Reconciliación y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), quienes se opusieron al fallo de Flores Polanco.
El fiscal Orlando López se mostró satisfecho por la decisión de la CC, al igual que Héctor Reyes, abogado de Caldh, al señalar que el fallo del tribunal constitucional está amparado en el Derecho.
Ambos manifestaron que los testigos asistirán al debate y coincidieron en que sufrirán la revictimización, al volver a declarar y recordar lo sucedido.
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López expuso que uno de los testigos ya murió, y la mayoría de ellos son de avanzada edad.
César Calderón, abogado de Rodríguez Sánchez, expuso que no le afecta el nuevo juicio y que lo esperaba hace tiempo.
Según Francisco Palomo, defensor de Ríos Montt, se esperaba que la CC regresara el proceso hasta el 23 de noviembre del 2011, cuando no era sindicado.
Explicó que en caso de que se regresara a esa fecha, le daría tiempo a recopilar más pruebas.
Aseguró que Ríos Montt se presentará al juicio, pese a su deteriorado estado de salud, ya que se encuentra lúcido a sus 88 años de edad.
Historia del caso
Dos años, desde el 2011, lleva el juicio por genocidio.
Meses antes de que perdiera la inmunidad, Efraín Ríos Montt, como diputado al Congreso, se presentó voluntariamente al Ministerio Público para indagar sobre la investigación en su contra, por genocidio.
En esa oportunidad dijo que si iba a ser parte de un proceso judicial, que lo citaran al juzgado, para evitar su captura.
En enero del 2012 fue ligado a proceso por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad y quedó en libertad al pagar una fianza de Q500 mil.
En marzo de ese año empezó el juicio, y el 10 de mayo fue condenado a 80 años de prisión. Sin embargo, la CC anuló la sentencia y ordenó que se repitiera el debate.
60 magistrados de la CSJ se han negado a conocer la amnistía que solicitó.
