LE PODRÍA INTERESAR
El ponente del proyecto es el diputado Héctor Leonel Lira, subjefe de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), quien indicó que se busca reformar al Código Procesal Penal, para evitar uso desmedido de la prisión preventiva.
Explicó que la iniciativa es resultado de una mesa técnica donde participó el Ministerio Público (MP), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Según datos proporcionados en el informe de la PDH, en la actualidad hay 12 mil 700 personas en prisión preventiva, las cuales superan a los 11 mil 900 que ya están condenados, es decir el 52 por ciento de las personas que están en prisión lo están de forma preventiva y únicamente el 48 por ciento están cumpliendo condena.
“Se propone ordenar que se aplique el principio universal de la presunción de inocencia y que la prisión preventiva sea lo último que se aplique”, afirmó Lira al referirse a la iniciativa.
Lea más: Partido Valor acciona en la CC para conseguir la inscripción de Zury Ríos
El congresista afirmó que actualmente ya existe un catálogo de medidas coercitivas entre las que están la obligación de presentarse ante una autoridad, tener buena conducta familiar y social, prohibición de salir del país, departamento, municipio o circunscripción que establezca el juez.
También se puede aplicar la prohibición de ir a algunos lugares, comunicarse con determinadas personas o pagar una fianza.
“La iniciativa crea una nueva medida de coerción que se llama arresto residencial. Básicamente consiste en que el juez envíe a una persona a un arresto en su residencia y lugar donde vive, y que de ahí no pueda salir”, explicó el congresista.
Lira señaló que esto tiene que venir acompañado del control telemático y urgió al Ministerio de Gobernación que esta medida sea implementada pues han pasado dos años y medios desde que el Congreso la aprobó y no hay avances.
Lea también: Primeras horas de campaña, esto han hecho los partidos políticos y sus candidatos
La otra propuesta de la iniciativa es poner límites pues actualmente no existen para definir el tiempo que una persona puede pasar en prisión preventiva.
La iniciativa crea plazos en cada una de las fases procesales hasta llegar a un máximo de dos años que sería lo máximo que una persona quedaría privada de libertad.
Según el parlamentario, la iniciativa con otras que buscan desfogar el sistema penitenciario y más bien esta es un complemento.
Proyecto es necesario
Lea además: Embajada británica, Prensa Libre y Guatevisión se unen para foros políticos
Miriam Roquel, procuradora adjunta, indicó que la PDH ha determinado las condiciones infrahumanas en que viven los privados de libertad, por lo cual consideró necesario aprobar esta iniciativa de ley.
“Nos sumamos para poder aportar y ajustar las normativas y la práctica a los tratados ratificados por Guatemala”, aseveró la procuradora adjunta.
Nery Lucero, director ejecutivo del IDPP, explicó que el problema del hacinamiento es grave y explicó que del total de personas en prisión preventiva el IDPP tiene a su cargo el 60 por ciento de esa población.
Además, la cifra sube a 95 por ciento cuando se trata de las personas que tienen condena y necesitan ser representados por un abogado el IDPP, por lo cual es necesario descongestionar el sistema penitenciario.
Contenido relacionado
> Campaña comienza con incertidumbre por exclusión de candidatos
> 7.9 millones de guatemaltecos están empadronados para elecciones de 2019 en Guatemala
> En diferentes lugares del país los guatemaltecos corren para empadronarse
