Además mientras los abogados y comunitarios argumentan que debe suspenderse toda la obra, la empresa asegura que la garantía para las obras no es dicho acuerdo de urgencia sino el contrato firmado al serle adjudicada la licitación.
A continuación presentamos la postura de ambas partes.
Ramón Cadena: “Todas las obras de Trecsa deberían de suspenderse”
Presentamos un extracto de lo declarado por Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, apoyado por otros abogados, vecinos y algunas autoridades comunitarias que lo acompañaron en una conferencia de prensa.
¿La resolución de la CC cancela automáticamente la licencia de construcción de las obras de Trecsa?
Al expulsar el acuerdo 145-2013 Trecsa se queda sin un marco jurídico. Creemos que todas las obras de Trecsa deberían de suspenderse y el Estado debería de buscar el pago de daños y perjuicios a todas las comunidades, porque están haciendo un serio daño a las comunidades y a las personas a quienes les han obligado a aceptar un proyecto sin consulta.
No hubo ninguna consulta, imponiendo servidumbres obligatorias que es una metodología que usaron durante la conquista española y eso es lo que han hecho ahora otra vez. Afectaron la autonomía municipal pero además lo que la Corte recogió y dijo en su sentencia es que el interés social no lo puede declarar un acuerdo gubernativo sino el Congreso.
¿Ya entró en vigencia la resolución?
No, entra en vigencia hasta que no sea publicada en el Diario Oficial (Diario de Centro América).
Hay criterios jurídicos que indican que lo que se está declarando inconstitucional es la calificación de urgencia nacional de las obras, no en sí la licitación, ni la obra, ni la construcción. ¿Cuál es su opinión?
Lo que declaran inconstitucional es el acuerdo 145-2013, por lo tanto Trecsa no tiene un fundamento jurídico para poder llevar a cabo sus acciones porque queda del ordenamiento jurídico.
Sin embargo no declaran inconstitucional la licitación, por eso hay criterios que indican que sí se puede seguir construyendo pero no tomarlo como urgencia nacional. ¿Qué opina al respecto?
No. Trecsa queda sin un marco jurídico por lo tanto no puede seguir construyendo. Aparte son las licitaciones, pero las licitaciones también tienen problemas porque en San Pedro Ayampuc la licencia se otorgó ilegalmente, ni siquiera se otorgó una licencia y sin embargo la obra se quiere construir.
¿Qué pasa con las licitaciones que ya se llevaron a cabo y que una parte de esto fue adjudicado a Trecsa?
Pues se imagina el vacío jurídico que hay, no tienen el anclaje jurídico. Esas licencias prácticamente quedan sin efecto, el Estado debería de cancelar todas las licencias y permisos que ya dio. En algunos casos se ha comprobado que son ilegales.
La privatización del sector eléctrico está seriamente cuestionado por esta sentencia. Es bueno entender cómo violentaba este acuerdo gubernativo la autonomía municipal ya que para aprobar una licencia de construcción hay un debido proceso, debe haber consulta con los pueblos y un estudio de impacto ambiental municipal, incluso por construcción de cada una de las torres.
Esto fue violentado por este acuerdo gubernativo porque con la excusa los consejos municipales de otorgar licencia porque era de urgencia nacional. Esto es lo que impone esta condición de urgencia nacional y de necesidad pública pero no puede ser considerado así porque no atiende a las necesidades de la población.
Todas las licencias que fueron otorgadas desde el acuerdo gubernativo del 2013 entonces quedan sin vigencia y son ilegales. Entonces el proyecto ha avanzado desde el 2012 de forma ilegal.
Sergio Díaz: Trecsa va a seguir trabajando, el Contrato de Ejecución de Obras suscrito en el 2010 es el marco que le garantiza
Trecsa por aparte, defiende la legalidad del proyecto que le fue adjudicado en las licitaciones lanzadas en el 2009 y por la cual se firmó contrato en el 2010, y refiere que sigue con la construcción de las obras para completar los 866 kilómetros de red adjudicados, según declaraciones de Sergio Diaz, Gerente Jurídico de la empresa.
Abogados de la CIJ y representantes de comunidades indican que con la resolución de la CC, se deben detener las obras del PET porque ya no tienen sustento jurídico. ¿Cuál es el criterio de Trecsa?
Desde el pasado mes de enero, cuando se hizo pública la sentencia de la CC, Trecsa se pronunció reiterando que continua y continuará realizando todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento al compromiso que adquirió, y que sigue vigente en el Contrato de Ejecución de Obras del Proyecto Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía -PET-1-2009-, suscrito entre el Estado de Guatemala y la empresa en el año 2010.
Es muy importante destacar que tanto en la sentencia de la CC como el pronunciamiento hecho por Trecsa se hace referencia a que es el Artículo 129 de la Constitución Política de la República de Guatemala en el que declara de urgencia nacional la electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, por lo que la ejecución de los proyectos como el PET siguen vigentes y contribuyen así a tener un servicio de energía más accesible, estable, y económico.
Los abogados y comunitarios agregaron que no sólo se suspenden las obras a futuro sino que las que ya ejecutaron son ilegales. ¿Qué va a hacer Trecsa al respecto de lo que ya se ejecutó?
Lo que se declaró inconstitucional es el Acuerdo Gubernativo en el que se establece declarar de Urgencia Nacional y Necesidad Pública la Construcción de las Obras contenidas en el PET y las Obras en el Plan de Electrificación Rural (PER).
Sin embargo es el Contrato de Ejecución de Obras del Proyecto del PET, suscrito entre el Estado de Guatemala y Trecsa en el año 2010, el marco que le garantiza al Estado la construcción de este proyecto de país y a la empresa le define el compromiso que tiene con Guatemala.
La empresa va a seguir trabajando porque tiene un compromiso adquirido que ha cumplido, seguirá cumpliendo y en ningún momento se ve afectado por la declaratoria de inconstitucionalidad.
¿Se continúa la construcción de las obras después de que la CC emitió la resolución mencionada?
Sí, los trabajos a los que Trecsa se comprometió al firmar el Contrato de Autorización de Ejecución de las Obras de Transmisión de los Lotes A, B, C, D, E y F adjudicadas como resultado del proceso de licitación abierta para la prestación del servicio de transporte de Energía Eléctrica por el Valor del Canon Anual” (PET-01-2009), seguirán adelante porque el Contrato sigue vigente.
Es importante hacer la distinción en torno a que lo que la CC declaró inconstitucional es un acuerdo gubernativo que establece que el PET y el PER son de urgencia nacional, sustentando la decisión en que el Consejo de Ministros no tiene la potestad. La Corte de Constitucionalidad no aborda el contrato firmado en el año 2010 después de una licitación internacional.
¿Que están trabajando en la actualidad?
Actualmente seguimos trabajando en varios puntos del proyecto que comprende la construcción de 863 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 230 kilovoltios, y 24 obras entre las que se incluyen ampliaciones y construcción de nuevas subestaciones. A la fecha Trecsa ha alcanzado el 74% del avance constructivo, lo que representa 526 kilómetros (kms) de construcción, 700 kms de servidumbres constituidas y 19 de 23 subestaciones construidas, lo que ha permitido la energización del 52% del total previsto.
Cualquier acción que pueda tomar Trecsa sólo podrá llevarse adelante en conjunto con las autoridades con las cuales la empresa ha venido llevando adelante este proyecto de país que busca mejorar el acceso a la energía eléctrica y la calidad del suministro, en beneficio de los guatemaltecos en general.
Esperan aclaración
Cadena indicó que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) pidió en la CC una aclaración acerca de la resolución emitida en enero pasado. Trecsa refiere que no ha sido notificada al respecto de esta aclaración, mientras que CNEE no respondió a la solicitud.
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