Una orden de captura fue girada en contra de Aldana el 18 de marzo, según un documento que se confirmó por el Organismo Judicial.
A la exfiscal se le señalan los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.
El documento fue firmado por Víctor Manuel Cruz Rivera, juez Décimo de Primera Instancia Penal quien también había declarado la reserva en la investigación.
La noticia se supo a eso de las 15 horas del martes, un día después de que se giró la orden.
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Poco tiempo después también se hizo oficial que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la inscripción de Aldana como candidata presidencial.
La Ley Electoral establece que, desde el momento en que quedan inscritos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos ni procesados a menos que se les declare que ha lugar una formación de causa en su contra.
Los candidatos que obtienen inmunidad de manera inmediata son los que aspiran a la Presidencia y Vicepresidencia, diputados al Congreso y alcaldes. Por otro lado, síndicos y concejales no tienen derecho a esta prerrogativa.
Sin credencial
Pese a gozar de inmunidad, Aldana podría ser capturada, pues existe una orden vigente y, además, la candidata no tiene la credencial que confirme su inmunidad, explicó el abogado David Pineda.
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Pineda indicó que la credencial es la que puede hacer valer la oposición de la exfiscal General a una eventual captura, pero recordó que la Corte de Constitucionalidad creó jurisprudencia al indicar en varios casos que cualquier ciudadano debe presentarse ante el juez para hacer valer sus derechos.
Por si no lo vio
“Es probable que -Aldana- sea detenida y puesta a disposición del juez y una vez frente a él ejerza su derecho a la defensa y luego haga valer el derecho de antejuicio con el que goza”, indica el abogado.
Pineda también señala que debido a que la orden de captura ya fue emitida, será muy difícil que la candidata presidencial se presente por sus propios medios ante los tribunales y serán los agentes de la Policía Nacional Civil quienes la conduzcan.
El abogado Omar Barrios coincide en que mientras Aldana no tenga su credencial de candidata ella debe presentarse ante los tribunales.
Alejandro Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, tiene una opinión diferente.
Asegura que Thelma Aldana ya goza de su derecho de antejuicio y no la pueden detener.
Según Rodríguez, el artículo 217 de la Ley Electoral y Partidos Políticos señala que desde el momento de la inscripción, Aldana goza del derecho de antejuicio, lo cual implica dos derechos: no ser detenido ni ser procesado.
En cuanto a que algunos abogados opinan que este derecho se adquiere hasta que tenga las credenciales, Rodríguez dice que el artículo 217 es muy claro pues cita que desde el momento de la inscripción el candidato goza del derecho de antejuicio y una interpretación contraria sería una interpretación en contra de los derechos políticos de participación de Aldana.
A criterio de Rodríguez una persecución política se vería muy mal a nivel internacional.
Rodríguez consideró que los abogados de Aldana deben hacer valer la resolución de inscripción ante el juez Cruz y plantear un recurso de reposición para que él revoque la orden de captura, decline su competencia y mande el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que allí se dilucida el derecho de antejuicio.
El caso
Aldana es investigada por la supuesta plaza irregular que se le otorgó al actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, quien cobró Q20 mil mensuales por cursos de capacitación a personal del MP pero que, según las pesquisas, no se presentó a laborar.
El abogado percibía un salario de Q20 mil mensuales, desde diciembre del 2014 hasta diciembre del 2015.
El caso está bajo reserva, desde este martes, hasta el jueves 28 de marzo, por lo que no se pueden tener detalles del caso y las audiencias que se desarrollen en ese periodo de tiempo.
Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y quien lleva la investigación del caso, indicó que la reserva de un caso se emite cuándo existen riesgos en la investigación y otras cuestiones que podrían entorpecerla.
El lunes, Cruz Rivera, decidió reservar el caso.
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Según Medina, aunque la Ley determina que los 10 días de reserva se cuentan de lunes a viernes -días hábiles-, en este caso se tomará en cuenta el sábado y domingo, para no exceder el plazo y cometer alguna ilegalidad.
Regreso incierto
Samuel Pérez, secretario general del partido Semilla, se presentó al TSE horas después de conocer sobre la inscripción de Aldana.
En ese lugar indicó que fueron notificados sobre la acción a las 15 horas y que la candidata regresará en los próximos días pues se encuentra fuera del país debido a que tenía varias reuniones programadas con su equipo de trabajo.
“Ella está entusiasmada con la notificación -de la inscripción- y está lista para comenzar ya con el proceso electoral con todo lo de Ley”, señaló el representante de Semilla.
Pérez además indicó que, debido a que el caso de investigación está bajo reserva el partido tiene dudas sobre la veracidad de la orden de captura e indicó que “la persona que haya filtrado este documento incurriría en delitos penales”.
El representante de Semilla también envió un mensaje a los seguidores del partido e indicó que se trata de una estrategia de grupos asociados a la corrupción y partidos políticos tradicionales.
“Toda esta estrategia queda en evidencia que no tenían ningún sustento, la inscripción va a quedar en firme y estamos preparados para empezar la campaña con mucha fuerza”.
Pérez resaltó que la inscripción le da inmunidad a Aldana.
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Otras denuncias contra Aldana
En contra de la exfiscal general, Thelma Aldana, hay otros dos señalamientos, aunque ninguno ha prosperado judicialmente.
El primero es por supuestas anomalías en la compra en el 2017 de un edificio para el MP que costó Q35 millones y que estaría sobrevalorado. La denuncia fue hecha por diputados oficialistas, pero esta no prosperó.
Otro caso fue presentado por la Contraloría General de Cuentas y se trata de la existencia de una supuesta plaza fantasma que se le adjudicó a José Carlos Marroquín, quien cobró Q1 millón pese a estar asilado en EE. UU.
Esta denuncia también incluye a Rottman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP y quien ahora es uno de sus colaboradores en la campaña política.
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