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Además de contra la ex fiscal general, el Ministerio Público ha presentado señalamientos contra Sandra Torres, de la UNE, pero la Corte Suprema de Justicia no le retiró la inmunidad.
Asimismo, el TSE rechazó la inscripción de Zury Ríos, del partido Valor, y de Mauricio Radford, de Fuerza. Ambos apelaron de diferente manera esa decisión.
Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), aseguró que la judicialización de la política ha impactado de forma negativa en las agrupaciones y en el proceso electoral.
¿Cree que ha afectado la judicialización de la política al proceso electoral?
Antes del año electoral ya veíamos cómo los partidos políticos, directa o indirectamente, se veían afectados por procesos judiciales; por ejemplo, de una posible cancelación.
Eso fue lo que marcó la agenda 2018 y mediados de 2017, el tema judicial, discusiones sobre la presencia de la Cicig y el financiamiento electoral ilícito.
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En consecuencia, esto fue comprometiendo la agenda partidaria de cara al 2019. En términos estables eso no hubiera incidido en el proceso electoral si no existiera un encuentro entre lo que se elige en términos judiciales —cortes y postuladoras— y el proceso electoral propiamente.
Por eso fue que vimos una primera fase del proceso electoral —inscripciones— donde la confrontación entre los partidos a través de vías judiciales fue determinante, pero nos dimos cuenta de cómo lo judicial iba superando lo político electoral.
¿Cómo afecta esta situación el proceso electoral?
Vimos cómo los desafíos naturales del Tribunal Supremo Electoral se fueron comprometiendo por las mismas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que ahora establece una coordinación con otras instituciones.
Esto no necesariamente es malo, pero en el proceso de judicialización vimos cómo la coordinación debía ocurrir con una Contraloría General de Cuentas donde se comprometía más el desempeño de los partidos. Además, nunca termina de encontrar una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y una agenda ya judicializada, porque veíamos un Minex que debería coordinar el voto en el extranjero pero evidenciaba una agenda prodesestabilización judicial.
Así se entró a una fase de inscripción de candidaturas donde la judicialización fue más evidente.
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¿Cuál es el efecto de esto?
El arrastre de la judicialización afectará la segunda fase del proceso electoral, donde se deberían posicionar los temas de campaña, las propuestas programáticas y la claridad de las necesidades y cómo resolverlas.
Lo tratarán de hacer, pero hay una debilidad importante y es la incertidumbre de algunos candidatos de concluir el proceso electoral, algo que podría terminar hasta abril o mayo, que es cuando el Tribunal imprime las papeletas.
Hasta ese momento algunos partidos tendrán la certeza de si sus candidatos competirán o no, pero el gran problema es que es tiempo perdido en cuanto a la capacidad que tengan los partidos de generar propuesta delante de otros y eso ya genera un desafío significativo. En paralelo estará la reacción ciudadana, que más allá de la incertidumbre se traduce en apatía para participar.
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