Estancamiento
El Pacto Fiscal y Competitividad, pese a no tener un documento guía, toma como base algunos aspectos esenciales de la Agenda Nacional de Competitividad, elaborada durante el gobierno de Óscar Berger, que esta administración transformó en Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021, indicó el analista socioeconómico Carlos Martínez.
El experto refiere como avance la mejora en el Índice de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, en el cual Guatemala pasó de la posición 86 en el 2013 a la 78 el año pasado, entre 144 países.
Martínez recordó otro logro del 2012 al 2013, cuando la informalidad laboral descendió del 74.5% al 69.2%, pero en el 2014 de nuevo superó el 70%, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos.
Afirmó que otro alcance pudo ser la reforma tributaria aprobada en el 2012, pero debido a “numerosas insuficiencias técnicas y debilidades legales” dejó amplio margen para ser sometida a varios amparos y no dio los resultados esperados.
“En todo caso es difícil valorar los aspectos positivos, pues lo más evidente son los retrocesos”, aseguró.
“En primer lugar, la carga tributaria promedio de los tres años, según cálculos con datos del Ministerio de Finanzas y del Banco de Guatemala, es de 10.8% del producto interno bruto, que por lo demás expresa un formidable estancamiento. Este nivel solo fue visto durante la caída de los ingresos tributarios por la Gran Recesión de 2008-2009”, añadió el analista.
Martínez atribuye ese aspecto negativo a la pérdida de capacidades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), debido a la “politización” de la entidad.
Otro factor es que la escasez de recursos fiscales y el mantenimiento de un déficit fiscal moderado fueron compensados con el deterioro de la inversión pública y el incremento de 23.4% de la deuda en el 2014.
“En el ámbito del gasto público se retrocedió en las medidas para garantizar la transparencia, pues aumentaron las compras sin procesos de licitación y fueron sistemáticos los señalamientos de compras sobrevaloradas, gastos indebidos”, explica Martínez.
Seguridad ofrecida
En la campaña del 2011 el principal ofrecimiento de Pérez Molina fue la seguridad, y en el pacto de esa materia, la creación del programa Municipios Seguros, para tener barrios, municipios, departamentos y ciudades sin problemas de inseguridad, afirma el investigador Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Además, que se retome la función del Instituto de Estudios Estratégicos, establecida en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, cuyo funcionamiento es limitado y no existe monitoreo y evaluación que garantice su marcha y resultados de su gestión.
“El gobierno anterior dejó unos 22 mil agentes de la Policía Nacional Civil activos; otro logro que puede reconocérsele al presidente Pérez Molina es el incremento y equipamiento de 35 mil agentes al tercer año de su administración”, dice Acuña.
En aspectos negativos, el experto ve la falta de consensos en temas detonantes de conflictividad social y el incumplimiento de acuerdos, y “aprovechamiento” de los fenómenos naturales para decretar estados de Calamidad.
“Falta de continuidad de programas sociales dirigidos a la prevención de la violencia en los jóvenes creados por el gobierno anterior, citando el ejemplo de Escuelas Abiertas, que marcó una baja en la participación de los jóvenes en actos delictivos”, refiere.
A eso se suma que la infraestructura del sistema de seguridad y justicia sigue siendo limitada.
Con aciertos
En cuanto al pacto Hambre Cero, Jorge Lavarreda, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera entre los principales aspectos positivos el amplio respaldo político al más alto nivel, reflejado en el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) y del consejo del ramo.
Además menciona el desarrollo del plan de implementación, cuyas acciones se explicitan con sus actores responsables y un presupuesto que puede ser monitoreado.
“La mayor debilidad ha sido la incapacidad de implementar de manera integral y coordinada todas las acciones de Hambre Cero, especialmente las de la Ventana de los Mil Días”, opina Lavarreda.
Dijo que eso se visualizó en monitoreos de la Alianza por la Nutrición y en las encuestas de la evaluación de impacto del plan. Indicó que la meta de reducción de la desnutrición crónica fue “muy optimista”.
En campaña
El Programa de Opinión Pública, de la Universidad Rafael Landívar, señala en un estudio que en el tercer año de gestión del PP hubo carencia de cuadros técnicos con trayectoria, capaces de asegurar réditos electorales en el próximo proceso, lo que motivó una “ininterrumpida” campaña electoral.
“Los partidos saben que los posicionamientos de imagen no se logran en cuatro meses —de propaganda—, por lo cual no tuvieron recato en violar reiteradamente las reglas.
Carmen Ortiz, quien presentó el análisis, citó como ejemplos al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; la registradora de la Propiedad, Anabella de León, y los diputados Emilenne Mazariegos y Gudy Rivera.
“Casos que, pese a contarse con denuncias documentadas fueron protegidos al amparo de un círculo de lealtades cercanas al presidente y del cual el exministro de Salud Jorge Villavicencio al parecer no formaba parte por lo cual fue destituido en 2014”, afirma Ortiz.
Seguridad, Paz y Justicia
Hay logros, pero falta
Así como se incrementó el número de agentes de la Policía Nacional Civil en casi 35 mil, el investigador del Ipnusac Lizandro Acuña destaca la reducción en las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes.
“El Instituto Nacional de Estadística nos indica que en 2011 la tasa fue de 39 por cada cien mil; en 2012 se presenta una disminución, con 34.2, con fuente de la PNC. La baja continúa en el 2013, con 34, y según informe de Iepades, con fuente de la PNC, 2014 cierra con 31.4”, afirma.
Al hablar de retos para este año, Acuña resalta: “La reestructuración integral del Sistema Penitenciario, ampliación de infraestructura, clasificación de reos, combate frontal de la corrupción dentro del sistema carcelario y lograr la finalidad del cumplimiento de la pena, de rehabilitar, reeducar y la reinserción de los privados de libertad a la sociedad”.
“En los delitos contra el patrimonio se necesita reforzar la Fiscalía contra Extorsiones. Actualmente está integrada por un agente fiscal y 11 auxiliares fiscales. Todos ellos realizan investigación”, señala el experto también como desafío.
Recuerda que el combate equitativo de la impunidad es otro de los ejes del Pacto por la Paz, Seguridad y Justicia.
Cifras y retos
Baja a 31 homicidios por cada cien mil habitantes.
Incremento de las fuerzas policiales a casi 35 mil agentes.
Aumentó la conflictividad social.
Está pendiente el mejoramiento de infraestructura de comisarías y mayor control en Presidios.
Hambre Cero
Priorizar intervenciones
El consultor del Cien Jorge Lavarreda elogió el fortalecimiento de la Sesán y del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya que hubo un plan de implementación del Pacto y cada actor tiene sus acciones específicas.
Además, el desarrollo de las encuestas correspondientes a la evaluación de impacto del plan del Pacto Hambre Cero efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística y la Sesán, con el apoyo de entidades internacionales.
“El plan del Pacto Hambre Cero ha sufrido las debilidades estructurales del Estado, como por ejemplo sus procesos de compras y contrataciones y su inadecuado servicio civil”, apunta Lavarreda como debilidad.
¿Qué hacer este cuarto año de gobierno? El consultor indica que el principal desafío es lograr avanzar en cambios estructurales que permitan una mejor gestión que se traduzca en optimizar la prestación de los servicios públicos, pero con los recursos disponibles.
“Esto implica identificar los cuellos de botella de las acciones del plan del Pacto Hambre Cero y priorizar las intervenciones que permitan atender los aspectos comunes y más influyentes”, expone.
Al grano
Amplio apoyo a la Sesán y sus instituciones es visto como logro.
También la cooperación internacional en encuestas.
Está pendiente la implementación en el campo, de manera coordinada, de todas las acciones.
Falta priorizar intervenciones.
Fiscal y competitividad
Gente técnica, no política
“La competitividad pasa por hacer más inclusivos y productivos a todos los sectores de la economía. En este sentido, el primer gran reto vigente es desplegar un verdadero apoyo al sector de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el ciclo de gestión, producción y negocios”, indica el analista socioeconómico Carlos Martínez.
Avanzar en salud, educación y seguridad también es preciso, refiere, porque son pilares fundamentales de la competitividad.
En el aspecto fiscal, Martínez sugiere diseñar y ejecutar un programa “realista e integral”, para dotar de capacidades a la SAT, lo que pasa por la incorporación de personal técnico que conozca el ámbito tributario y reducir el funcionariado político.
Afirma que con más voluntad política puede mejorarse el control en las aduanas. Todo con el fin de ganar mejoría en la recaudación tributaria.
También ayudaría, asegura, poner contención al deterioro institucional.
“En un año electoral es necesario mejorar la transparencia en el gasto público, reducir la discrecionalidad, ejecutar un gasto de manera racional y moderar sensiblemente la contratación de deuda pública”, expresa Martínez.
Puntos clave
Se avanzó en algunos índices económicos.
Había avance en la reducción de la informalidad, pero el último año hubo retroceso.
Debe dotarse a la SAT de capacidades y trabajadores técnicos, no políticos.
Apoyo a Mipymes.
