En la sala de vistas del máximo tribunal se encontraban al menos cien personas. Cada accionante tuvo 15 minutos para presentar sus argumentos.
“Precedente nefasto”
El abogado Stuardo Ralón, en representación de la Cámara del Agro (Camagro), indicó que se impugnaron 24 preceptos legislativos que contienen el mismo vicio de colisión contra la Constitución, y mencionó que al permitir que el Legislativo haga modificaciones sin el procedimiento adecuado, “se sienta un precedente nefasto, porque el Congreso debe respetar límites en actos puntuales”.
Rosa Montenegro Porta, en nombre propio, expresó mediante su abogado Áxel Barrios que los diputados no dieron lectura a los artículos del decreto que contiene el Presupuesto, sino solo a los títulos, lo cual consta en el diario de sesiones.
Eso coincide con la queja de los legisladores después de la sesión en la que se aprobó esa norma —el 28 de noviembre del 2014—. Montenegro impugnó artículos del 62 al 75, que contienen lo relacionado con el impuesto de Q5 a la telefonía fija o móvil y de Q100 para las centrales de llamadas.
Aumenta tarifa
La abogada Annie Dougherti, quien actúa en nombre propio, tuvo como representante a Sergio Flores Sandoval, impugnó los artículos del 62 al 71, en donde se encuentra el impuesto a la telefonía.
Explicó que no hay claridad en cuanto a quién deberá pagar el impuesto de Q5 por cada línea y el de Q100 para las centrales de llamadas o líneas concentradoras.
Dougherti añadió que si el tributo fuera trasladado al usuario, específicamente del servicio prepago, este tendría un incremento en el costo del servicio de más del 50 por ciento.
Recursos sin destino
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, por medio de su abogado Stuardo Ralón, afirmó que la acción del sector empresarial no tiene por objeto dejar sin recursos al Estado para funcionar, sino regular su uso para evitar la discrecionalidad, porque no se especifica el destino del dinero.
Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, detalló que se desconoce el destino que tendrán los Q1 mil 965 millones, porque esos recursos no fueron requeridos por el Ministerio de Comunicaciones.
“Lo que ocurrió el 28 de noviembre del 2014 en el Congreso es una vergüenza nacional, porque fue el producto de una componenda política ”, afirmó Barreda.
Explicó que el Ministerio de Salud tiene una deuda flotante de Q626 millones, y que adeuda más de Q128 millones en medicinas.
No hubo iniciativa
Mario Fuentes Destarac, en representación de la Cámara de Industria, aseguró que no se cumplió con el principio de iniciativa de ley.
“No hubo iniciativa de ley para esas discusiones de carácter tributario; entonces, no se cumple con el principio del debido proceso legislativo”, expresó.
El abogado Fabián Augusto Zetina Vásquez, de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se pronunció contra el aumento de regalías por explotación minera.
Manuel Pérez y Carlos Revolorio, de Cementos Progreso y Cemex, respectivamente, manifestaron su inconformidad por el incremento al impuesto de la distribución del cemento, porque afecta al sector de la construcción y no se ha definido destino para los recursos de ese tributo.
Emerson Ordóñez, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aseveró que la aprobación del Presupuesto no fue antojadiza y recalcó que los recursos son necesarios para funcionamiento.
