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Chiroy, que estuvo en prisión seis años, seis meses y 16 días, deberá marcar su huella dactilar cada 15 días en el Ministerio Público, puede continuar con su trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional, pero no podrá ir a Totonicapán, donde ocurrieron los hechos, ni tampoco podrá ir a su lugar de origen en Chimaltenango.
Tampoco podrá salir del país ni podrá comunicarse con otros implicados en el caso.
Los otros beneficiados con este tipo de medida son los soldados Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Felipe Chub Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez.
Argumentación de la jueza
Claudette Domínguez, titular de Juzgado de Mayor Riesgo A, se refirió a tratados internacionales para favorecer a los militares. “A la persona se le considera culpable sin que haya enfrentado un juicio por el simple hecho del exceso de la prisión preventiva. Eso lo dicen los tratados internacionales”, se refirió. “Es una pena anticipada pero si no han sido vencidos en debate”, agregó.
La juzgadora les explicó al querellante José Santos Sapón -de los 48 cantones de Totonicapán- y que podía interponer su impugnación si no estaba de acuerdo con la resolución.
Recordó que como argumento de la defensa está un informe de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura entregado el 22 de marzo pasado en donde detalla que se vulneran los derechos del coronel Chiroy por exceder el tiempo de la prisión preventiva.
“Me llama la atención este informe, pero no es vinculante. Además, dice que se realice la audiencia de etapa intermedia algo que ya sucedió por lo que esta Oficina no se informó en qué etapa está el proceso”, dijo.
El fiscal Mario Huinter así como Santos Sapón estuvieron en desacuerdo de la resolución de la juzgadora debido a que aún hace falta que se defina la calificación jurídica contra los militares.
La jueza Carol Flores envió a debate a Chiroy por incumplimiento de deberes y a los soldados por homicidio en estado de emoción violenta, aunque la primera calificación que hizo el juez Miguel Gálvez fue por ejecuciones extrajudiciales pero después hubo impugnaciones que llegaron a cambiar el delito. La resolución aún no está en firme lo que impide que se realice la audiencia de ofrecimiento de las pruebas previo a comenzar el debate en el Tribunal de Mayor Riesgo B.
Plantón
Por la mañana integrantes de Movimiento Justicia y Reconciliación protagonizaron un plantón frente a la Torre de Tribunales. Óscar y Rosa Barrientos recordaron que el proceso ya se había suspendido en 25 oportunidades con “acciones dilatorias”.
Los hechos
El 4 de octubre del 2012, pobladores de cuatro cantones de Totonicapán bloquearon el kilómetro 170 a la altura de la Cumbre de Alaska, en protesta por las políticas del gobierno de Otto Pérez Molina.
Los manifestantes habían tomado la carretera a las 5 de la mañana debido a que adversaban la modificación de la carrera de Magisterio. También protestaban contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el Gobierno.
Durante la protesta los pobladores fueron atacados con arma de fuego por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento, lo que desató la furia de los inconformes y se enfrentaron a la Policía y al Ejército.
Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y pimienta para dispersarlos. Al replegarse, un camión cargado con cemento y uno del Ejército quedaron a merced de los manifestantes, quienes arremetieron y les prendieron fuego.
Seis personas murieron y 34 resultaron heridas.
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