El fallo fue en respuesta a un recurso introducido por un ciudadano, precisó la Corte.
El referendo revocatorio contra Petro, un economista y exguerrillero de 54 años elegido para gobernar Bogotá desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2015, fue convocado el año pasado por iniciativa del congresista de derecha Miguel Gómez, quien recolectó cerca de 640 mil firmas para lograrlo.
Sin embargo, ese proceso revocatorio fue suspendido luego de que el alcalde fuera destituido hace un año por una sanción de la Procuraduría, que lo acusó de actuar con dolo en la modificación del sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas a fines del 2012 y cuya aplicación generó un caos.
Esa sanción de la Procuraduría quedó a su vez sin efecto por las medidas cautelares que recibió Petro a los pocos días de ser apartado de su cargo. Este recurso de protección para que el alcalde siguiera gobernando fue precisamente confirmado por el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Según la decisión de la Corte Constitucional conocida este miércoles, el demandante “señaló que en un primer momento la Registraduría (ente electoral) canceló la convocatoria a votación por la revocatoria porque el alcalde había sido destituido (…) pero posteriormente la sanción de destitución fue suspendida por varias decisiones judiciales, por lo tanto, se debía reanudar el proceso y convocar a las urnas.”
Petro, por su parte, está a la espera de que se resuelva de fondo la demanda que presentó ante el Consejo de Estado contra el fallo de la Procuraduría en su contra.
Desde que la Procuraduría lo destituyó, una serie de decisiones judiciales —algunas contradictorias— se han producido alrededor de Petro, quien estuvo fuera de su cargo por poco más de un mes —entre marzo y abril del 2014— y volvió con las medidas cautelares.
