Ambas juzgadoras habían sido trasladadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a otras judicaturas sin explicar los motivos.
El 4 de marzo último, Josué Felipe Baquiax, presidente del Organismo Judicial (OJ), mencionó que los traslados correspondían al fin del periodo constitucional de cinco años para los cuales ellas fueron nombradas.
Un día después Gámez y Molina llegaron a la CC para presentar dos acciones de amparo argumentando que los traslados ordenados por la CSJ fueron injustificados.
Según las profesionales, represalías por las críticas hechas a la última elección de magistrados de la CSJ y Sala de Apelaciones, señalando anomalías en los procesos.
La CC este jueves confirmó la resolución provisional que beneficia a las juezas y suspende su nombramiento, decisión por mayoría. Solo se opusieron los magistrados Roberto Molina y Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Expone en la CIDH
Este jueves también expuso sus argumentos, señalado temores por amenazas y represalías hacia su persona la magistrada Claudia Escobar, que por decisión de la CSJ goza de una licencia temporal de un año para ausentarse de sus labores.
Escobar resaltó ante los comisionados de la CIDH en Washington, Estados Unidos, que los traslados de ambas juezas eran represalías por sus posturas y argumentos en contra de la CSJ.
Hellen Mack, en representación de la sociedad civil también apoyó los argumentos de Escobar y además señaló que la última elección de magistrados estuvo viciada, obedeciendo a interés de organizaciones políticas.
