A pesar de que la Ley de Comisiones de Postulación establece que se debe de convocar para integrar a estas postuladoras con cuatro meses de antelación, el Congreso decidió convocar ocho meses antes, por medio del acuerdo legislativo 6-2019.
Ante eso, la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Congreso para que se suspenda ese acuerdo legislativo.
La acción la presentó Eleonora Muralles, presidenta de FADS, quien en un comunicado indicó que la acción se presentó por considerar que contiene violaciones al principio de seguridad jurídica, al debido proceso y al principio de legalidad.
“Se cuestiona que el Congreso haya efectuado la convocatoria en febrero, ocho meses antes de que termine el periodo para el cual fueron electos los actuales magistrados y magistradas de las Cortes”, dijo Muralles.
“El Congreso violó el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación, que establece que la convocatoria debe efectuarse ‘dentro del plazo que la ley específica determine y, a falta de este, con cuatro meses de anticipación, a que termine el plazo para el que constitucional o legalmente fueron electos. No habiendo un plazo específico para el caso de la elección de cortes, debió convocar según la Ley de Comisiones de Postulación con cuatro meses de anticipación”, dice el comunicado.
Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, indicó que lo prematuro de la convocatoria se debe a que los diputados, sobre todo los que no se reelegirán, buscan asegurar impunidad antes de la primera vuelta, que se celebrará el 16 de junio.
“La correlación de fuerzas puede ir cambiando en un escenario donde no hay reelección de la mayoría por cualquier circunstancia, y entonces buscan tener garantizada la impunidad con unas nuevas cortes y que puedan representar sus intereses en el poder judicial. Es obvio el interés de las bancadas”, dijo Díaz.
La convocatoria del Colegio de Abogados a integrar postuladoras también genera suspicacias.
Según Díaz, quedan dudas respecto a por qué la junta directiva anterior del Colegio llamó a elecciones de representantes a comisiones de postulación, ya que la convocatoria salió el mismo día que hubo cambio de sus directivos.
María Fernanda Galán, consultora en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que la acción planteada por FADS tiene relación con el cumplimiento de la norma, más allá de las preocupaciones en torno a integrar las cortes judiciales antes de la primera vuelta.
“¿Cuál habrá sido la motivación del Congreso de convocar antes? Caben varios escenarios. Puede ser para trabajar con más tiempo y puede desde haber una buena intención, hasta de lo que se ha hablado en otros análisis, relacionado con generar un tipo de acuerdo entre diputados antes del 16 de junio, o incluso la segunda vuelta, donde ya se tendría definido quién va asumir el Organismo Ejecutivo”, dijo Galán.
La analista considera que la impugnación busca que el proceso tenga certeza jurídica y no se vaya a caer más adelante por otro recurso legal, lo que conlleva tiempo pérdido.
Galán da el beneficio de la duda al Legislativo porque, si bien no ha actuado apegado a la ley, ha sido por desconocimiento técnico, y recordó que el actual proceso de contralor, que aún está pendiente de elección, no fue convocado un colegio de profesionales de las ciencias económicas, lo que obligó a los diputados a hacer de nuevo el llamado.
“Pienso que lo más sensato es apegarse al texto de la ley tal cual, sin interpretaciones, porque al final eso es lo que le dará mayor certeza al proceso y es lo que se necesita en este momento, pensando en el contexto electoral y existen intereses en juego”, comentó.
Intentan influir en la elección
El proceso para la renovación del poder judicial lleva a que grupos intenten influir. El proceso del 2014 estuvo señalado por la injerencia de varios actores, como el abogado Roberto López Villatoro conocido como “El Rey del Tenis”; Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y Gustavo Herrera, empresario asilado en Nicaragua.
López Villatoro está ligado a proceso penal por el caso Comisiones Paralelas, proceso que busca demostrar sus nexos para elegir a varios de los actuales magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Rodríguez fue condenado a seis años y tres meses en el caso IGSS-Pisa, y enfrenta los casos de corrupción IGSS-Ambulancias y Cooptación del Estado. Herrera está asilado en Nicaragua al señalar que era investigado en Guatemala por esos nexos.
Tanto los magistrados de la CSJ como de Apelaciones asumieron los cargos cuando había vencido el plazo que establece la Constitución, por varias acciones que se presentaron en la Corte de Constitucionalidad que buscaban que se repitiera el proceso por la injerencia que hubo en el Congreso por Alejandro Sinibaldi -prófugo de la justicia- y Manuel Baldizón -arresto domiciliario en EE. UU.- al momento de integrar ambas cortes.
Convocan a los abogados
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala publicó el pasado 20 de marzo la convocatoria para que participen los colegiados activos para representar al gremio en las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
Según la publicación, la junta directiva decidió hacer convocatoria en la sesión del 8 de marzo, que establece dos elecciones. Doce profesionales para integrar la postuladora de Corte Suprema de Justicia y otros 12 profesionales para integrar las Cortes de Apelaciones. Las elecciones se realizarán el 31 de mayo de 8 a 18 horas en el Parque de la industria y 21 sedes departamentales.
Para ser uno de los 12 candidatos es necesario que los profesionales llenen ciertos requisitos como ser guatemalteco, ser colegiado activo, cinco años de ejercicio profesional, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, carencia de antecedentes penales y policiacos y no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
Integración
37 profesionales conformarán las comisiones de postulación. Los decanos de las facultades de Derecho participan en las dos comisiones, mientras que los magistrados participan de manera cruzada, Apelaciones en CSJ y CSJ en Apelaciones.
Integración de postuladora CSJ
1 rector de las universidades del país, quien la preside.
12 decanos de las facultades de Derecho.
12 magistrados de Salas de Apelaciones, que deben ser elegidos mediante convocatoria del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones.
12 representantes del Colegio de Abogados, elegidos mediante elecciones de ese gremio.
Integración de postuladora Salas de Apelaciones
1 rector de las universidades del país, quien la preside.
12 decanos de las facultades de Derecho.
12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
12 representantes del Colegio de Abogados, elegidos mediante elecciones de ese gremio.
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