En primer lugar, dar unas excusas debidas a mis apreciados lectores. Gracias a don Arturo Martínez me he percatado de que en mi artículo de la semana pasada, teniendo en mente a Rousseau he nombrado a Montesquieu. Paso al tema de hoy.

En toda sociedad políticamente organizada hay períodos de auge, de estabilidad y de decadencia, y durante cada uno de ellos tiene lugar el proceso político ordinario. Me refiero a que los agentes políticos (todos los que actúan en el proceso político) que se ocupan de la rutina operan de un modo muy similar durante cada uno de esos períodos.

Así, por ejemplo, los agentes políticos negocian en torno al presupuesto anual del Estado, sea en un período de auge o de decadencia; forjan alianzas de coyuntura para aprobar un convenio internacional o para lanzar un proyecto de infraestructuras, igual durante un período de estabilidad que en uno de auge; se critican y se cuestionan recíprocamente, igual cuando se atraviesa un período de decadencia que cuando las cosas están en auge.
Al seno de los partidos, los encargados de la rutina también operan, básicamente, del mismo modo y los lobistas e intermediarios procuran obtener favores y ventajas para sus clientes, sea que el Estado atraviese por un período de auge o uno de decadencia.

Si se echa una mirada al comportamiento de los agentes políticos en Guatemala durante los últimos treinta o cuarenta años, por ejemplo, creo que por las razones que arriba indico los cambios más de fondo no ocurren como consecuencia del proceso político ordinario. Los agentes políticos se comportan casi igual, sin importar cuál sea la situación por la que el Estado o la sociedad atraviesen.

Lo que describo arriba es, en parte, la llamada “teoría de las élites” y soy consciente de que, para algunos, el hecho de que en cualquier sociedad las cosas así sean es un problema. Para quienes así piensan, la sociedad debe, más bien, ser “pluralista”. Pero, al margen de ese debate, creo que en Guatemala las cosas son de modo que los cambios más de fondo no están en manos de los agentes políticos ordinarios, dentro del proceso político ordinario, sino que están en manos de las élites.

Esas élites son, principalmente, económicas. Pero no exclusivamente, creo yo. Más y más, se erigen en nuestra sociedad los think tanks, las fundaciones que operan en el ámbito intelectual y ciertas ONG que, al lado de instituciones sociales más tradicionales como las iglesias y la universidad del Estado, por ejemplo, tienen mayor incidencia en la dirección que deba tomar el país.

Si todo lo anterior fuera una descripción razonable de la realidad, tiene que concluirse que la situación actual de Guatemala es responsabilidad, principalmente, de las élites. El proceso político no incide en los cambios de fondo ni sus agentes son agentes “reformadores”.

Por consiguiente, en la medida en que el Estado necesite reformarse para prestar seguridad, justicia, libertad y la tutela efectiva de sus derechos a los ciudadanos, además de las políticas públicas necesarias para mejorar la condición de los que, dentro del mercado, no pueden conseguirlo, la responsabilidad es de las élites. Los agentes del proceso político ordinario, simplemente, no se entienden a sí mismos como agentes reformadores. Es la hora de las élites.