En un comunicado, la institución aseveró que es “importante continuar con la investigación penal a manera de establecer si se cometieron actos ilícitos en detrimento del patrimonio del Estado y como consecuencia deducir responsabilidades penales”, en este caso, contra la candidata presidencial de Semilla, quien aún no tiene inmunidad, y Pérez, quien fue secretario de Política Criminal en la gestión de Aldana.
Para la PGN, lo resuelto por el juzgado civil fue “la suspensión en definitiva de los dos amparos por no cumplir con el presupuesto de definitividad”, y no del trámite del amparo.
Agrega que está actuando como tercer interesado en defensa de los intereses del Estado porque la denuncia de la Contraloría contra Pérez y Aldana debe conllevar una etapa procesal, y critica que el Juzgado Primero Civil, integrado como tribunal de amparo, no cumplió con la ley para favorecer a ambos aludidos.
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Por eso, la procuraduría presentó un ocurso de queja el 28 de febrero, el cual la CC dio con lugar y ordenó al Ministerio Público (MP) continuar con la investigación sobre la supuesta plaza fantasma.
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— PGN Guatemala (@PGNguatemala) March 29, 2019
El argumento fue que el amparo provisional incumple con el presupuesto procesal de “legitimación pasiva”, en virtud de que el acto señalado como reclamado -una denuncia de la Contraloría- es un procedimiento normal que se deriva del hallazgo de la auditoría hecha a la contratación de Marroquín y que no puede ser impugnado por un tribunal de amparo.
El juzgado amparó a Aldana con el argumento de que los procedimientos en la Contraloría no fueron agotados.
El ocurso afectó a Aldana, porque en principio la PGN solo actuó contra el amparo otorgado a Pérez, pero alcanzó a la exfiscal General porque fue amparada por el mismo juzgado, por las mismas circunstancias que Pérez.
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La denuncia de la Contraloría fue en diciembre último, por la existencia de una plaza anómala adjudicada a Marroquín, quien cobró Q1 millón, sin embargo, el consultor está asilado en Estados Unidos, por lo que no podría haber hecho su trabajo sin presentarse al MP.
De hecho, según la denuncia, él nunca se presentó al ente investigador a firmar el contrato, sino que un abogado lo representó. En este caso el señalamiento contra Aldana es por fraude, peculado por sustracción y abuso de autoridad. Este caso aún no ha llegado a juzgado, como sí ocurre con la supuesta plaza irregular de Gustavo Bonilla, por lo cual la candidata presidencial tiene orden de captura.
Notificado de la suspensión del trámite del amparo el 27 de marzo, Pérez sostiene que la CC no ha revocado el amparo. Según su interpretación, el tribunal constitucional ordena al Juzgado Civil que evalúe si se llenan o no todos los elementos para continuar o no con el trámite del amparo.
Argumenta también que el Juzgado no ha revocado el amparo provisional, por lo que considera que este sigue vigente. Criticó además que la CC no ha resuelto una enmienda de procedimiento que se presentó hace más de tres semanas, debido a que la Corte nunca les notificó el ocurso resuelto a favor de la PGN. “Esa enmienda la presentamos y la Corte no la ha resuelto, entonces nos llama la atención porque la resolución del ocurso a nuestro criterio aún está en duda si está en firme o no porque nunca nos notificaron”.
Inscripción no está en firme
La inscripción de Thelma Aldana aún no está en firme, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe resolver antes tres recursos de nulidad, por lo cual solicitó información al Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Corte de Constitucionalidad y Contraloría General de Cuentas.
Los magistrados solicitaron información a las instituciones que tienen relación con el finiquito extendido a Aldana y el caso de la contratación supuestamente irregular de Gustavo Bonilla, por lo cual la exfiscal General tiene una orden de captura vigente.
La exjefa del MP continúa en El Salvador, a la espera de que se resuelva este panorama en Guatemala, ya que aún no está en firme su inscripción como candidata presidencial.
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