La salida del director de Amsa se produce luego de darse a conocer un proyecto polémico con el cual, por medio de una fórmula millonaria, se pretende limpiar el Lago de Amatitlán de la contaminación que le afecta.
Ramos Soberanis firmó los dos contratos con la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. por Q137.8 millones, para verter un líquido de origen orgánico en el cuerpo de agua para descontaminarlo.
El 10 de marzo último, el directivo, en una citación con diputados del partido Todos, refirió que por ser una entidad que depende de la Vicepresidencia recibió recomendaciones de la vicemandataria Roxana Baldetti para adjudicar el proyecto a la citada empresa de origen israelí.
Al ser cuestionado Ramos Soberanis acerca de si recibió recomendaciones de la vicepresidenta, respondió: “Sí, porque nosotros dependemos de la Vicepresidencia, y obviamente se viabilizó el proyecto”.
Rechazo general
Este proyecto generó dudas generales sobre los efectos de la limpieza en el Lago, debido a que en ningún lugar del mundo se ha podido descontaminar un cuerpo de agua con un líquido “mágico”.
Científicos y estudiantes guatemaltecos y extranjeros se pronunciaron en una carta abierta para rechazar las medidas tomadas con la aplicación de la fórmula —SES y WP A, WP OX 35 + TT 15— como medida para “rehabilitar y manejar la calidad del agua”, bajo la responsabilidad de la empresa Tarcic y Amsa, para la supuesta limpieza del Lago de Amatitlán.
En la carta pública dicen: “Es una medida puntual, poco eficaz y que no ataca el problema principal: la entrada de aguas conteniendo altas concentraciones de nutrientes y contaminantes. Asimismo, no se han presentado estudios ambientales o ensayos confiables que demuestren que su aplicación no tendrá efectos en el equilibrio ecológico del Lago, por el que Amsa, según el decreto 64-96, debe velar”.
Buscan sanción
Debido a que la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. no presentó un instrumento ambiental para la actividad que realizaba en el Lago de Amatitlán, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, anunció que “de oficio” se abrió un procedimiento administrativo.
La funcionaria, en días anteriores, tácitamente avaló el proyecto con su presencia. El 23 de marzo estuvo presente en el recorrido que hizo la vicepresidenta por el Lago y no informó nada del estudio. Sin embargo, ayer dijo: “La empresa debe presentar su defensa, y si se establece que debía presentar el estudio, la sanción es una multa de entre Q5 mil y Q100 mil”.
El Ejecutivo espera que hoy se publiquen los requisitos para poder integrar la comisión de expertos que buscarán una solución al tema.
