Profesionales del Derecho, al ser consultados sobre el panorama legal de este caso, señalaron que hasta el presidente reconoció las irregularidades cometidas por Gil, pero todo apunta a que se le está dando tiempo para que se desaparezca y oculte bienes adquiridos.
Asimismo, las críticas fueron en contra de Byron Barrientos, ministro de Gobernación, de quien dijeron que ha actuado de manera pasiva ante esa anomalía, por lo cual podría haber ?complicidad?.
Roberto Villeda, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, Cedecon, expuso que era incomprensible que la Fiscalía aún no haya pedido la orden de captura en contra del sindicado, pese a que cuenta con suficientes evidencias para hacerlo.
?Consideramos que Gil tuvo que haber contado con el aval del ministro para desviar los fondos, pues no creemos que pudiera sustraer esa cantidad por sí solo?, comentó.
Piden agilidad
Esa opinión fue compartida por Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, quien recalcó la necesidad de agilizar las pesquisas para llevar a juicio a los responsables.
De ?pésimo? ejemplo para la transparencia que debe existir en el uso de los recursos del Estado calificó Alfonso Novales, presidente del Instituto de Derecho Constitucional, la actuación del MP y la cartera del Interior en este caso.
Mario Chávez, presidente del Colegio de Abogados, indicó que Gobernación es el obligado a aportar las pruebas necesarias para localizar a los responsables del desvío de los fondos.
A la fecha, el MP no ha solicitado orden de captura contra Gil, con el argumento de que carece de pruebas para hacer la petición ante el Juzgado Décimo de Instancia Penal.
Contra el ex empleado de Gobernación hay, de momento, orden de arraigo, la cual llegó ayer a la Dirección General de Migración.
También se ordenó el embargo de sus cuentas bancarias.
Críticas
Reacciones de rechazo por la actuación del MP y de Gobernación.
Alfonso Novales, Instituto de Derecho Constitucional: Nos parece insólito que el MP a estas alturas no haya pedido la orden de captura contra Jarol Gil.
Roberto Villeda, Cedecon: El ministro debió ser el primero en denunciar el hecho.
Alejandro Rodríguez, IECCP: El fiscal debe ponerle énfasis en la investigación.
Mario Chávez, CANG: Gobernación ha actuado pasivamente.
