Cardona y los demás magistrados, Mynor Oxom y Marvin Reyes, resolvieron, por unanimidad, otorgar la acción fundamentada en que los juzgados de Mayor Riesgo carecen de competencia por los delitos de cohecho activo, pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, sino que corresponden a los juzgados penales ordinarios.
Lea más: Luis Gómez será procesado por tres delitos en caso Transurbano
La notificación se conoció a las 13 horas de este 2 de abril.
Los procesados accionaron contra Aifán el 30 de octubre del 2018. La jueza resolvió el 4 de diciembre de ese año enviarlos a debate y fijó el Tribunal de Mayor Riesgo D, que preside Sara Yoc, para que sean juzgados.
La resolución de la Sala detalló que al ser notificadas todas las partes el expediente sea remitido a la Dirección de Gestión Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde, por sorteo, será designado una judicatura ordinaria.
Cuando se designe nuevo juez, el proceso seguirá donde ha avanzado, es decir, que se fijará una fecha para el ofrecimiento de las pruebas y que se designe nuevo tribunal para que los tres procesados sean juzgados debido a que la etapa preparatoria no puede retrotraerse.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), anunció que presentará un amparo contra la resolución de la Sala.
Además, el fiscal recordó que cuando el MP solicitó ante la Cámara Penal que el caso pasara a mayor riesgo se argumentó que estaba en investigación una etapa por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, ambos delitos sí están en la carpeta que puede conocer una judicatura de alto impacto.
Esa etapa de la investigación aún está en reserva en la judicatura a cargo de Aifán por lo que se siguen las pesquisas de verificación y ampliación de indicios previo a determinar si es viable citar o solicitar órdenes de captura y hasta allanamientos. En el Juzgado de Mayor Riesgo D informaron que esta parte del caso aún sigue en reserva.
Postura
Sergio López, hijo de López Villatoro, manifestó vía telefónica que lo que impugnó fue la competencia de mayor riesgo en general.
“En realidad lo que se peleó fue la competencia de todos los juzgados de mayor riesgo. La ley de procesos penales en competencia de mayor riesgo establece un catálogo de delios que son los que se pueden conocer. La investigación del MP ya lleva cinco años y fruto de eso presentaron una acusación por cohecho y ese delito no está en el catálogo de mayor riesgo, así lo establece la ley. No lo puede conocer solo Aifán, tiene que remitirse a un juzgado ordinario”, dijo López.
En relación a lo que adelantó el fiscal Sandoval de interponer un amparo, López criticó la acción que hará el fiscal. “Qué delicado es que el fiscal Sandoval manifieste que va a interponer un amparo y ni siquiera ha sido notificado. La Feci no tiene como objetivo actuar en relación a los hechos y resoluciones sino contra personas que tiene procesadas en este caso. Es preocupante la declaración de Sandoval”.
Carece de legitimidad
Gustavo García Fong, del área jurídica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) explicó que la decisión de la Sala carece de legitimidad.
“De momento se puede apreciar poca legitimidad en la resolución dado que esa parte que aún se encuentra en reserva todavía conecta los hechos cometidos con la lista de delitos que corresponde conocer a los juzgados de mayor riesgo, por lo tanto, no pude admitirse que un caso de la relevancia que tiene como es el caso Comisiones Paralelas cambie de judicatura pretendiendo cumplir con un formalismo legal el cual no ha terminado de configurarse por los otros delitos que aún se encuentran en reserva, entonces es una resolución que carece de legitimidad y corresponderá presentar las impugnaciones que correspondan”.
El analista y abogado García Fong también se refirió al proceso y a la importancia del caso.
“La trascendencia que tiene para la vida jurídica y el Estado de derecho elegir funcionarios judiciales, precisamente se puso en entredicho al señalar la comisión de estos delitos, entonces, la democracia guatemalteca debe considerar que juzgar a personas involucradas en sobornos o de comportamientos contrarios a la ley y la selección de importantes funcionarios es algo que para el Estado debe ser una prioridad. Con resoluciones como esta no solo se ve afectado el proceso de selección de funcionarios judiciales sino la democracia”, mencionó García Fong.
Fallos de la magistrada
La Sala que preside Cardona evita desde febrero del 2018 informar acerca de sus resoluciones.
La magistrada fue la pesquisidora que recomendó mantener la inmunidad a Roberto Villate, diputado y exsecretario general de la cancelada agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), el año pasado, después de diez excusas, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Por si no lo vio: “No me interesa”: Blanca Stalling habla del retiro de su visa
Audiencia sigue mañana
Aifán informó que desde la semana pasada citó a los implicados, sus abogados y a las demás partes procesales para este miércoles a las 9 horas y realizar el ofrecimiento de las pruebas, lo cual se prevé que se suspenda debido a la resolución de la Sala.
Los señalados
El Rey del tenis, junto con su hermana, Clara Guadalupe, fueron procesados por cohecho activo, en tanto que Orellana Donis está procesado por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Comisiones de postulación
El MP y la Cicig señalaron al Rey del Tenis de haberle obsequiado a Orellana Donis un apartamento en el edificio Torreón, zona 14, a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.
El caso se conoció el 27 de febrero del 2018. La investigación detalló que mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado, López Villatoro habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las comisiones de postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.
Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el MP y la Cicig.
Apartamento está inmovilizado
El 9 de mayo pasado el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó el apartamento, con dos parqueos, ubicados en el edificio Condominio El Torreón.
Se espera que el MP plantee la acción de extinción y la jueza Rosa López fije fecha para el debate de extinción de dominio.
Contenido relacionado
> Cierran caso contra joven que no tuvo “nada que ver” con La Línea
> Cómo será el ingreso a la Usac a través de molinetes digitales
