La juzgadora Aifán informó a las partes al comienzo de la audiencia que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que preside Anabella Cardona, había otorgado una excepción a los procesados y le ordenó que el caso fuera remitido a un juzgado penal ordinario con el argumento de que los delitos contra los implicados -cohecho activo, cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial- no corresponden para que se conozcan en un juzgado de Mayor Riesgo.
Los representantes del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron que la audiencia de ofrecimiento de las pruebas debía celebrarse debido a que no estaban notificados de la resolución de la Sala.
Incluso, recordaron que la notificación debía recibirse en las sedes del MP en la zona 1 capitalina y de la Cicig, en la zona 14. “Eso no ha sido notificado”, dijo Claudia González, mandataria de la Cicig.
En cambio, los abogados defensores Sergio López, Mirna Caballeros y Héctor Sarmiento, así como los sindicados, se negaron a la continuación de la audiencia, fundamentados e que toda resolución de un órgano superior debía cumplirse.
“Me doy por notificado”, comentó Orellana Donis al escuchar a Aifán, a pesar de que en la sala de audiencias estaba una notificadora con los documentos de la Sala que ordenaron separar a Aifán del caso.
La defensa advirtió a la jueza que incumplir con una decisión de un órgano jurisdiccional superior es motivo hasta para una destitución.
“La resolución de la Sala es un milagro. Resolvió que estábamos ante un juez incompetente. A la juzgadora solo le compete acatar la resolución de un órgano superior. Si no se cumple es motivo hasta para su destitución”, dijo Orellana Donis.
En la audiencia de este 3 de abril también sería para que los tres procesados pidieran reforma en la medida de coerción para salir de prisión y quedar bajo arresto domiciliario.
Habla Aifán
Antes de suspender la audiencia, la jueza se refirió al fallo de la Sala, con lo cual deberá dejar de conocer el caso.
Explicó que “no existe constancia de que tenga firmeza” la resolución, pero en especial señaló que esta no detalla que tenga efectos suspensivos.
Lo anterior quiere decir que, aunque el caso cambia de juzgado, el proceso debe continuar en la misma fase en la que se encuentra, es decir en el ofrecimiento de pruebas y posteriormente designar un tribunal de Sentencia para que presida el juicio.
Precisó que, mientras no tenga la ejecutoria, es decir el expediente con la certificación de la Sala y que el fallo esté firme, lo cual no tiene un tiempo determinado, suspenderá la audiencia de ofrecimiento de prueba y los tres procesados, en consecuencia, deberán continuar en prisión.
Después que las partes sean notificadas, el ente investigador, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), tienen la opción de plantear un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algo que ya adelantó Juan Francisco Sandoval, jefe de esa fiscalía.
Cuando la Cámara Penal ordenó que el caso fuera remitido a un juzgado de Mayor Riesgo, se basó en la petición del MP por una investigación relacionada con asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, delitos que sí están en la carpeta que puede conocer una judicatura de ese tipo.
Esa etapa de la investigación aún está en reserva en la judicatura a cargo de Aifán, por lo que se siguen las pesquisas de verificación y ampliación de indicios previo a determinar si es viable citar o solicitar órdenes de captura y hasta allanamientos.
El caso
El Rey del Tenis, junto con su hermana Clara Guadalupe, fueron procesados por cohecho activo, en tanto que Orellana Donis está procesado por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
El MP y la Cicig señalaron al Rey del Tenis de haberle obsequiado a Orellana Donis un apartamento en el edificio Torreón, zona 14, a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.
El caso se conoció el 27 de febrero del 2018. La investigación detalló que, mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado, López Villatoro habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las comisiones de postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.
Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el MP y la Cicig.
El 9 de mayo pasado el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó el apartamento, con dos parqueos, ubicados en el edificio Condominio El Torreón, con miras a que se plantee la acción de extinción y la jueza Rosa López fije fecha para el debate de extinción de dominio a favor del Estado.
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