América Latina hoy, está mucho peor que antes. Nunca las condiciones económicas, políticas y sociales habían llegado a una infuncionalidad estructural tan profunda.

El centro de la crisis es la ineficacia de los gobiernos como órganos político-administrativos de los Estados.

Los estudios de opinión revelan, desde México a la Argentina, que nuestras sociedades no creen en los gobiernos, los consideran ineptos, incapaces, hospederos de corrupción, irresponsables.

El espíritu humano se basa en la competencia, a veces sana, cuando intenta promover la superación individual y colectiva.

Pero se torna despiadada cuando pretende acumular poder y riqueza sin importar los medios.

Para regular esto se crearon las instituciones públicas, fundamentalmente, los órganos administrativos encargados de ejecutar la justicia a partir de la ley.

Cuando en una sociedad estructurada, alguien trata de burlar los acuerdos, los tribunales imponen sanciones. Existiendo un juez, nadie puede burlar las normas que garantizan el orden interno social.

En nuestra región ocurre lo contrario. Elites o agrupaciones se dedican a violentar la ley, a lograr mayores caudales de poder y dinero a través de delitos.

El Estado y sus instituciones, no imparten justicia ni preservan el orden legal. Al contrario, muchos delincuentes provienen de las instituciones públicas, ya sea participando en los delitos, amparándolos o promoviéndolos.

Es una trágica aberración: el juez forma parte del delito. Decenas de casos corroboran lo anterior: expresidentes y exfuncionarios que terminan sus períodos con fortunas impresionantes, y que, ofensivamente, se pasean frente a nuestros pueblos pobres y humillados.

Ningún esfuerzo popular, ni las presiones internacionales de los países desarrollados contra la ilegalidad, podrán tener éxito mientras no se combata de raíz el mal: extirpar a la delincuencia del poder público.

Se necesita no sólo de la presión internacional, sino, de la participación comprometida de los líderes de la sociedad civil, los honestos y más capaces, porque de ésta también han emergido muchos que cuando llegan a puestos administrativos de influencia, reproducen los vicios de sus antecesores.

Algunos sindicalistas, líderes comunales o académicos, al alcanzar una posición política, lejos de promover la eficiencia, el respeto a la ley y velar por los intereses de la mayoría que los eligió, se suman a las elites corruptas que reproducen su poder en las estructuras más altas del poder político.

Arrojan la pancarta o protestan de la ciencia, para aceptar el carro de lujo, saborear viciosamente las mieles del poder y enajenar sus conciencias.

El agravamiento de la realidad en América Latina seguirá irreversible mientras no se logren instalar gobiernos diferentes, imbuidos en una nueva ética administrativa y un compromiso ineludible con nuestros pueblos.

Seguirá la cooperación internacional derrochando sus recursos técnicos, políticos y administrativos, sin que éstos rindan frutos.

Seguirán incrementándose la corrupción, las migraciones ilegales, el narcotráfico, el contrabando y el robo de vehículos.

El pez empieza a pudrirse por la cabeza. Todas las cabezas de los Estados en América Latina padecen putrefacción, a veces relativa, pero la mayoría severa y profunda.

¿Cómo entonces podrán nuestros pueblos superar la degradación generalizada si no se logra primero, y ya, instituir nuevos tipos de gobierno?

El camino ya está planteado desde hace tiempo: Se necesita sí, valor, decisión y coraje para abrir la brecha del cambio que reclaman nuestros pueblos con tanta angustia y desesperación.