Ya en el siglo III a. C., Aristóteles categorizó el término demagogia como una degeneración de la democracia, puesto que se basa en un atropellamiento de leyes sobre las cuales se funda la república mediante la imposición o la manipulación de los deseos colectivos a manos de unos cuantos que ostentan el poder en nombre del pueblo. En otras palabras, cuando el ejercicio del poder se subordina a intentar agradar a determinados grupos a costa del erario, del desarrollo e incluso de la ley, se está ante la presencia de lo que el filósofo griego denominaba “un adulador del pueblo”, al cual, en el fondo, no le interesa el bienestar de la nación, sino asegurar su poder. Y es precisamente por esta razón que la inmediata consecuencia de la demagogia es el autoritarismo e incluso la dictadura.

Los ejemplos de Nicaragua y Venezuela están a la vista: partieron de sistemas democráticos en los cuales determinados individuos se valieron de debilidades institucionales y necesidades insatisfechas de la población para ganar adeptos en una causa que cercenó libertades y relativizó las leyes que eran consideradas incómodas, lo cual dio como resultado regímenes adaptados a las necesidades despóticas de autócratas. Campean la pobreza, el hambre y la violencia, cuya erradicación era la supuesta meta de tales caudillismos.

Guatemala se encuentra en uno de los puntos más críticos de su democracia, puesto que el manejo disoluto del aparato público acrecentó el problema de la corrupción; gavillas interesadas en cooptar el sistema de justicia y también el legislativo aprovecharon desfases del sistema de elecciones y comisiones de postulación para conseguir posiciones desde las cuales maniobrar.

Todo esto ante la mirada atónita de ciudadanos y sectores honrados que poco a poco descubrieron que la legalidad se usó para validar acciones lesivas. Producto de estos desmanes, la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado se encuentra en niveles preocupantes, pero también se da un desgaste para otros sectores, lo cual puede ser enfocado como una inercia de impredecibles efectos pero también como una oportunidad para trazar un nuevo rumbo de país a través de diálogo y transformación.

Existe una escisión entre lo que reclaman los sectores urbano y rural. Son parte de una misma nación pero sus exigencias son dos realidades contrastantes: los pobladores del área metropolitana y cabeceras demandan lucha contra la criminalidad y la corrupción, además de empleo, mientras los vecinos de aldeas y caseríos anhelan contar con servicio de agua, vías de acceso a sus comunidades y combate real de la pobreza.

Las respuestas de los políticos en cada proceso eleccionario han sido canciones y discursos invadidos de ofrecimientos mercadológicos: mano dura, pena de muerte, oportunidades no especificadas y dádivas acompañadas de abrazos de candidatos
sonrientes, vestidos incluso con prendas indígenas, en un invariable ciclo que ya supera las tres décadas y que se debe superar.

Los datos recopilados por la Encuesta Libre no son para complacer a nadie ni constituyen un puente electoral para ningún aspirante: Son el retrato objetivo de un país necesitado de una nueva ruta; son el reflejo de expectativas de una población cansada de la demagogia cortoplacista; son el desafío planteado para todos los sectores, sin excepción, de lograr una agenda de desarrollo para una nación.