La medida provocó un prolongado debate que giró en torno al artículo 21 de esa normativa. El mismo establece la confidencialidad de las declaraciones juradas patrimoniales.
La nueva ley señala que ?los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad?.
Además, ?se prohíbe su divulgación por cualquier medio, y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial?.
Garantizar impunidad
Para los diputados del Partido de Avanzada Nacional y de la Alianza Nueva Nación, la medida busca fomentar la impunidad. Ello, porque nadie podrá establecer la cantidad de bienes declarados por los funcionarios públicos a su llegada al cargo para compararlos con su estilo de vida y bienes que tuvieran al retirarse de la administración pública.
A favor
Los defensores de la ley consideran que esos argumentos son exagerados.
Ricardo Rosales, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, manifestó que será con la experiencia en la aplicación de la ley que se establecerá la funcionalidad de la misma.
El eferregista Jorge Ríos Castillo manifestó que la disposición de hacer confidenciales las declaraciones de bienes es respaldada en la Constitución. A su criterio, la información personal del funcionario no debe ser hecha pública.
?La Constitución garantiza esa confidencialidad, pues las personas tienen derecho a mantener privados los informes de sus bienes?, agregó.
El unionista rebelde
La Ley de Probidad causó diferencias en la bancada Unionista. Pablo Duarte, a diferencia de sus compañeros de grupo, votó a favor del decreto.
El congresista sólo rechazó el artículo 21, pero recordó que ?eso de las declaraciones de probidad es una farsa?, debido a que ?nadie con intenciones de corromperse va a declarar realmente lo que tiene?.
Para aprobar esa ley, el pleno necesitó poco más de tres horas.
Podrían impugnar
La aprobación de la Ley de Probidad fue rechazada por las bancadas del Partido de Avanzada Nacional, PAN, y la Alianza Nueva Nación, ANN, así como por algunos miembros del bloque Unionista.
Anabella de León, quien regresó ayer al PAN, dijo que se analizará la posibilidad de impugnar este decreto, pues viola la Constitución al prohibir el acceso público a las declaraciones de probidad. ?Es un derecho saber qué tienen y con qué se van los funcionarios públicos?, dijo.
A juicio de Jorge Balsells, de la ANN, la ley contiene muchas incongruencias.
Los unionistas, con excepción de Pablo Duarte, quien votó a favor, manifestaron su rechazo a la ley, pues consideran necesario que la información de los bienes de los funcionarios sea pública.
Principales aspectos
A continuación, los principales aspectos de la Ley de Probidad que fue aprobada ayer:
? El decreto define como funcionarios a quienes son investidos de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas.
? Incluye para su aplicación a las juntas directivas, propietarios y representantes de empresas que celebren contratos con el Estado.
? Establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios públicos.
? Prohíbe a las personas que hubiesen sido condenadas por enriquecimiento ilícito ejercer cargos públicos, pese a que ese delito todavía no figura en la reglamentación del país.
? Permite a los funcionarios sentenciados por malversación y otros delitos volver a ocupar cargos públicos, luego de cinco años de la sentencia.
? Prohíbe hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.
