La diligencia tuvo una duración de dos horas, durante las cuales el pleno de la CC escuchó la postura de los que piden declarar inconstitucional el Decreto 62-2002 que da origen a la emisión de los bonos por US$700 millones, por violar la Constitución y otras leyes.
A la vista no acudieron representantes del Congreso de la República, ministerios de Finanzas y Economía, parte gubernamental, quienes debían de argumentar sus razonamientos por los cuales piden que no se declare inconstitucional el decreto.
Argumentos en contra
Dentro de las exposiciones de los que adversan el decreto se destacó la falta de análisis en un informe emitido por la Junta Monetaria, sobre la emisión y el posterior endeudamiento a través de los bonos.
Ademas, Roberto Villeda, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, Cedecon, explicó que en los alegatos no se comenta ?que los señalamientos de malos manejos que pesan sobre el régimen actual, y que han generado desconfianza a nivel nacional e internacional?, en relación a la utilización de los fondos provenientes de la emisión y colocación en el mercado cambiario de los eurobonos.
Entre las posiciones, también quedó sentada la petición de que el magistrado suplente Francisco Palomo se inhiba de conocer las acciones, porque según el Cedecon hay varias pruebas que lo vinculan con el Frente Republicano Guatemalteco, entre ellas ser abogado defensor del general Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso.
Los exponentes
Cuatro fueron los exponentes que se encargaron de resumir los alegatos de las trece acciones de inconstitucionalidad presentadas.
Las intervenciones dieron inicio con el abogado Mario Fuentes Destarac, asesor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras; luego fue el turno para el constitucionalista Villeda.
Después, tomó la palabra Mariano Rayo, por parte de los diputados unionistas; luego le correspondió a Ricardo Sagastume, quien expuso los motivos de nueve personas individuales y jurídicas para accionar.
Denis Leiva García también expuso los puntos de vista del partido Unidad Nacional de la Esperanza, al impugnar los bonos.
Finalmente, el fiscal Carlos Gabriel Pineda, representante del Ministerio Público, pidió a los magistrados de la CC declarar sin lugar las impugnaciones, porque el Congreso no violó la Constitución al aprobar la emisión de los bonos.
Razones
El pleno de la CC escuchó ayer los argumentos de los interponentes de las acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto 62-2002.
? No se tomó en cuenta la política financiera de la Junta Monetaria, cuando emitió un informe al Congreso que aprobó la emisión de US$700 millones en bonos.
? Argumentaron violaciones a la Constitución sobre la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y la Ley Orgánica del Congreso de la República.
? El Decreto en mención permite la utilización de los fondos proveniente de los bonos para pagar deudas contraídas.
? Su aprobación en el Congreso no fue por las dos terceras partes de los diputados, tal como lo manda la ley, cuando se emiten acuerdos por ?evidente necesidad nacional?.
? Es desigual, porque se cobrarán impuestos cuando se invierta en bonos en quetzales, pero no en dólares.
