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La misiva también advierte de que los servidores públicos no pueden ni deben mediatizar o politizar los casos, por lo que exigen respeto por la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Al politizarse la justicia o mediatizar los casos “se causa daños y perjuicios que podrían ser irreparables o irreversible a quien afectan, lo cual viniendo de un servidor público generaría responsabilidades” según la Constitución Política de la República”, consigna el texto.
El texto también menciona que el Ministerio Público “es un auxiliar del sistema de justicia penal”, por lo que este debe apegarse al debido proceso y tomar las vías correctas para “la defensa de sus derechos” si alguna resolución judicial es contraria a sus intereses.
La misiva resalta también que únicamente son los jueces y magistrados quienes deben juzgar y ejecutar lo juzgado y “tiene la obligación de resolver todas las peticiones que se les realicen (…) decisión que se toma con independencia judicial”.
“Ninguna persona puede realizar actos que limiten, menoscaben o busquen inferir en una decisión judicial en una decisión judicial dentro de un proceso determinado”, enfatiza el comunicado.
Finalmente, los jueces y magistrados exigen respeto hacia sus resoluciones.
“No se justifica ningún acto de reproche y menoscabo realizados por cualquier persona a la investidura de las juezas, jueces y magistrados que realizan su labor conforme a la ley y sus facultades”, dice la Asociación, que expresa su total respaldo a los funcionarios judiciales.
En la actualidad, analistas y expertos ven con preocupación que haya una serie de presiones contra jueces para que fallen en determinada vía o para que fiscales cesen en ciertas investigaciones.
En una entrevista a Prensa Libre, José González, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, señaló en febrero último que los togados se encuentran expuestos a muchas presiones, tanto externas como internas, lo cual afecta a la independencia de la justicia.
“Los jueces de mayor riesgo conocen los casos de mayor impacto relacionados con delitos del crimen organizado, narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Por este tipo de criminalidad y complejidad de los casos, en la actualidad existe una fuerte presión sobre los jueces para obtener impunidad por parte de algunos grupos de poder. Estos factores afectan la independencia de los juzgadores, desde la propia institucionalidad y desde fuera de la misma, pues comprometen la independencia de los togados”, dijo González.
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