El juez federal de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, emitió una orden preliminar el 16 de febrero recién pasado a solicitud de 26 estados que se oponen a la medida de Obama.
Los fallos de Hanen han impedido temporalmente al gobierno implementar políticas que permiten que unos 5 millones de inmigrantes no autorizados permanezcan legalmente en ese país.
Bajo un cielo gris, inmigrantes y manifestantes que defienden las medidas de Obama sostenían letreros y saludaban a los vehículos que pasaban por el lugar. Uno de los letreros decía “reforma inmigratoria” y otro “La deportación destruye familias.” Los presentes también coreaban exigencias y se les podía escuchar dentro de la sala del tribunal.
Victor Ibarra, de 43 años y residente de Houston, estaba con un grupo de empleados de restaurantes. Dijo que es hora de cambiar las normas de inmigración.
“Somos humanos. Queremos que las familias estén juntas. Queremos estar bien en este país, no provocar problemas y tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos toda la vida.”
Obama anunció las medidas ejecutivas después de las elecciones legislativas de noviembre, alegando que el Congreso lo había obligado a hacer cambios fundamentales en las normas de inmigración por su propia cuenta.
-Rechazan medidas de Obama-
Una coalición de 26 estados, liderados por Texas, demandaron para echar atrás las decisiones de Obama, alegando que son inconstitucionales y los obligan a gastar más dinero en actividades policiales, servicios médicos y educación.
Abogados del Departamento de Justicia han alegado que mantener la prohibición afecta “los intereses del público y de terceros a quienes se les niegan prestaciones humanitarias.”
El tribunal de apelaciones toma el caso en una audiencia especial y no estaba claro cuándo el panel se pronunciará después de la vista. Cada parte tiene una hora para alegar su caso.
La primera de las medidas de Obama —ampliar un programa que protege a inmigrantes jóvenes de la deportación si llegaron a Estados Unidos cuando eran niños— debía entrar en vigor el 18 de febrero.
La otra parte importante del programa amplía la protección contra la deportación a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que han vivido en el país varios años. Esa parte debía entrar en vigor el 19 de mayo.
