La ley es una pieza clave en los esfuerzos que ha hecho Panamá para lograr su exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en la que el país fue puesto el año pasado.
La nueva norma amplía la supervisión obligatoria en instituciones, empresas y sectores no financieros y profesionales a fin de detectar posibles movimientos de capital ilícito.
Es decir que a partir de la promulgación de la ley no sólo las actividades financieras como la de los bancos -uno de los sectores fuertes del país- estarán en el ojo de los organismos supervisores.
Entre las actividades no financieras se incluyen la de la zona libre de Colón, al norte de la capital y considerada la más grande de Latinoamérica; los casinos y el negocio inmobiliario, dos sectores de fuerte auge en la última década.
Panamá, con una economía basada en los servicios, se vio en apuros el año pasado cuando quedó incluido en la lista gris luego de haber adoptado una ley sobre lavado de dinero que quedó desfasada en el tiempo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional exigió entonces al país que pusiera en vigor una nueva norma sobre la materia y fortaleciera la Unidad de Análisis Financiero, un organismo al que se tachó de inoperante y que fue utilizado con fines políticos, según las actuales autoridades.
La nueva ley es considerada el 70% de un conjunto de medidas que Panamá debe tener listas o en vigor a mediados de año para aspirar a que una nueva evaluación impulse su salida de la lista gris.
“Ya era una cosa de urgencia que el país se actualizara”, dijo el jueves Isabel Fernández Alfaro, directora de la Unidad de Políticas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, para quien uno de los puntos destacables de la nueva norma es la inclusión de 16 nuevos “sujetos” obligados a supervisión.
El gobierno asegura que varios bancos locales enfrentan dificultades con entidades bancarias que sirven como sus corresponsales en Estados Unidos debido a que ese país ha pedido a sus instituciones aplicar una diligencia más ampliada cuando se trate de bancos panameños, lo que hace más difíciles y costosas las transacciones financieras, según el gobierno panameño.
