A muchos medianos y pequeños inversionistas locales les cuesta bastante montar un negocio propio en Guatemala. Además de la ineludible tramitología que han de enfrentar, están las mordidas que piden por todos lados. Luego vienen los impuestos a pagar, desembolso que dolería menos y se sentiría hasta justo si no fuera por la corrupción y por la imposibilidad de verlo reflejado en obra pública y gasto social.

En cambio, hay varias empresas que nacieron grandes y que han crecido bastante más a puro subsidio y/o evasión de impuestos. El caballito de batalla es siempre el mismo: que dan tanto empleo que lo tienen más que merecido. No sé entonces cómo interpretar que el empleo informal en Guatemala oscile entre un 70% y un 80%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual quiere decir —además— cero beneficios laborales para ese amplio sector. Pero ese es otro tema.

Como sea, ahora se discute nuevamente en el país la posible aprobación de una “Ley de condiciones económicas para fomentar el empleo”, que derivó de una iniciativa anterior llamada “Ley de fomento al empleo”, que a su vez surgió de otra iniciativa fracasada denominada “Ley de promoción de inversiones y empleo”. La última iniciativa ha sido liderada por un candidato presidencial que usa anteojos y corbata roja, cuyo apellido inicia con “B” (para no hacerle propaganda).

Según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), si esa ley se aprobara, de entrada estaría contradiciendo el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que lo obliga a “eliminar las exenciones del impuesto sobre la renta (ISR) que las leyes de maquila y zonas francas hoy vigentes contemplan para ciertas exportaciones”, a más tardar, el 31 de diciembre del 2015. Por cierto, el Icefi documentó “que no existen datos oficiales sobre el número de empleos que esos sectores han generado.”

Cuando otros países han tenido que acatar medidas idénticas para eliminar los tratamientos tributarios especiales a empresas de maquila y zona franca, han optado por eliminarlas de una vez o por extender el tratamiento preferencial a operaciones de ventas en el mercado local. Esto último, según el Icefi, “produciría un sacrificio fiscal de por lo menos Q1 mil 900 millones, pérdida que puede incrementarse significativamente si un número grande de empresas se acoge a los tratamientos especiales de los regímenes de maquila y zonas francas, tal como es el objetivo de las iniciativas de ley de promoción de inversiones y empleo”.

Guatemala ya no puede seguir apostándole a estos modelos obsoletos de atracción de inversiones, que tampoco se traducen en significativas mejoras de generación de empleo. La certeza jurídica, la seguridad ciudadana, la transparencia, empresas más innovadoras y enfocadas en el bienestar de sus colaboradores, así como una visión integral del desarrollo-país son rutas mucho más directas para la generación de buenas inversiones y buenos empleos, que la concesión de privilegios fiscales y tratamientos diferenciados con dedicatoria especial.

Estas iniciativas de ley han surgido a partir del maridaje entre los patrocinadores interesados y sus testaferros políticos. Son hechas “a dedo”. Por ello es que las propuestas son tan pobres y es tan obvio que carecen de una visión de país. Más allá del compromiso que tiene el Estado guatemalteco ante la OMC de eliminar los privilegios fiscales para maquilas y zonas francas, creemos que hay que atender integralmente las necesidades de crecimiento económico del país y de toda la población, y responder mejor a las necesidades fiscales del Gobierno. Eso basta para rechazar una iniciativa de ley que, desde el nombre, comienza por ser mentira.

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