La Constitución Política de la República de Guatemala y la LEPP ordenan que el nuevo mandatario debe tomar posesión del cargo cada 14 de enero. Esta situación ocasionará, por primera vez, que entre ambas fechas se dé un lapso de cinco meses en que habrá un presidente electo y uno en funciones.
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Época caótica
Sin embargo, analistas políticos prevén que este lapso, que por primera vez vivirá el país, será caótico, debido a la judicialización que actualmente se ha dado sobre el proceso electoral, el cual comenzará después de la primera vuelta —16 de junio—, cuando se elijan, además de presidente y vicepresidente, corporaciones municipales y diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano (Parlacén).
El abogado Omar Barrios Osorio, del Centro de Estudios de Derecho (Cede), considera que este espacio de seis meses, “definitivamente” se prestará para la conflictividad electoral, porque muchos candidatos al Congreso, pero sobre todo a las alcaldías, no estarán de acuerdo con los resultados y presentarán una serie de recursos en los diversos tribunales.
Según Barrios Osorio, esta conflictividad será mucho más fuerte porque “tenemos un gobierno débil, que no tiene control de la estructura funcional del Estado, y porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las cortes han provocado mucha inestabilidad legal e incertidumbre”.
No obstante, Barrios Osorio considera que lo peor será el actuar de muchos ciudadanos, debido a que no están bien informados o consumen información de medios digitales “de garaje” que han parcializado la opinión pública.
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“Estos elementos podrían provocar conflictividad, en especial en el caso de las corporaciones municipales, que es la elección más peligrosa —340 municipalidades—. Grupos pequeños podrían generar caos y el TSE y el Gobierno no tienen la capacidad para detener esas circunstancias”, explica el abogado.
El director del Cede considera que los candidatos a diputados que pierdan enfocarán sus baterías en usar todos los recursos administrativos y judiciales como la nulidad y la acción de amparo, porque ellos no tienen “capacidad para mover a la población. La gente no va a hacer protestas por ellos”, indica.
En ese mismo lapso los candidatos presidenciales perdedores podrían valerse de los grupos de poder que tienen injerencia, como algunos medios de comunicación, la Iglesia y el sector económico, para presionar a los ganadores y ganar un espacio para que se les conceda algún tipo de beneficio en la organización del futuro gobierno, afirma Barrios Osorio.
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Ingobernabilidad
Álvaro Montenegro, coordinador de Alianza por las Reformas, opina que el espacio que queda entre la segunda vuelta y la toma de posesión será un periodo muy largo en el que se sentirá un vacío de poder, porque el que resulte ganador de las elecciones presidenciales puede tomar mucha fuerza entre la población y el gobernatne saliente —Jimmy Morales— se debilitará, lo cual conllevaría una etapa de ingobernabilidad.
Montenegro afirma que habrá mucha más conflictividad que en otros procesos electorales, en los cuales se ha registrado quema de centros de votación o de urnas, conflictos que han durado muchos meses e incluso años, hasta que las cortes han resuelto.
El coordinador de Alianza por las Reformas resalta que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones también incidirá en esta conflictividad, pues será precisamente durante este período de incertidumbre.
“Las negociaciones se van a dar justamente en julio, agosto y septiembre, y para este momento los diputados que no ganaron la reelección querrán negociar con los candidatos a magistrados para obtener favores políticos; por ejemplo, retrasar juicios o antejuicios”, explica Montenegro.
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Más de lo mismo
Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), señala que en esos seis meses aumentará la judicialización e incertidumbre que hemos vivido durante los primeros meses de este año. “No esperemos un ambiente de cordialidad”, indica.
El analista del Incep, advierte de que la verdadera conflictividad, posiblemente, no sea la que se está registrando durante la campaña política, sino la que venga durante lo que, en teoría, se planteó como un espacio de transición entre las autoridades salientes y las entrantes.
Barreno visualiza este período como unos meses en los cuales las autoridades electorales y judiciales serán copadas por infinidad de recursos legales interpuestos por los candidatos perdedores.
El analista parte de que durante todo este período de Gobierno se han interpuesto recursos contra el presidente, diputados e integrantes de corporaciones municipales. Cita como ejemplo que en el 2016 se presentaron 34 denuncias en contra de alcaldes municipales y en el 2017 fueron 121.
Este mismo fenómeno, agrega, se registró con los diputados, pues en el 2016 se presentaron nueve solicitudes de antejuicio; en el 2017, 15, y en el 2018, siete.
Barreno asegura que la saturación judicial de la maquinaria administrativa y el arrastre de los casos actuales ejercerá una fuerte presión hacia las autoridades electorales y judiciales.
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En el ojo del huracán
Los analistas coinciden en que las elecciones de alcaldes municipales podrían ser el mayor foco de violencia, porque en estas se involucran grupos comunitarios que, aunque sean pequeños, tienen mucha capacidad para generar vandalismo, como quema de urnas e impedir la toma de posesión de jefes ediles ganadores.
Esta violencia, según Barrios, puede ir desde bloqueos de calles y carreteras hasta agresiones entre grupos rivales de políticos. Lo más grave es que en muchos municipios no hay presencia de las fuerzas de seguridad del Estado.
Montenegro expresa que, lamentablemente, este periodo será el más conflictivo de todo el proceso electoral, a pesar de que la intención pudo haber sido que hubiera más tiempo para lograr una aceptable transición de gobiernos.
“Lamentablemente se empleará para movilizaciones, impugnar y retorcer el sistema, con un gobierno que no creo que pueda ejercer control”, advierte Montenegro.
Elecciones en junio
El artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticas (LEPP), en lo que se refiere a la convocatoria, cita que “el proceso electoral para elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano dará inicio con la convocatoria, la cual será dictada por el Tribunal Supremo Electoral la segunda o tercera semana del mes de enero del año en el que se celebren dichas elecciones.
Resalta que el proceso electoral se dividirá en tres fases:.. “La tercera fase comprende la realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos. Las elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano se efectuarán un domingo del mes de junio del mismo año” —este año será el 16 de ese mes.
La segunda vuelta será el 18 de agosto. Anteriormente se llevaba a cabo en diciembre, y cuando ganó Álvaro Arzú fue en enero, ocho días antes de la toma de posesión.
Toma de posesión en enero
El artículo 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos se refiere a la toma de posesión de las nuevas autoridades electas:
El presidente y vicepresidente de la República y los diputados al Congreso de la República electos tomarán posesión de sus cargos el día 14 de enero siguiente a su elección.
En los municipios, los alcaldes y demás integrantes de los concejos municipales electos tomarán posesión de sus cargos el día 15 de enero siguiente a su elección.
Según el artículo 184 de la Constitución, el presidente y vicepresidente serán electos por cuatro años improrrogables.
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