En la ciudad capital y en varias cabeceras departamentales continúan las manifestaciones pacíficas, plantones y un grupo de personas está en huelga de hambre para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Pero el binomio tal si no escuchara el claro mensaje de la ciudadanía, sigue haciendo de las suyas en la Casa Presidencial. Le siguen dando rienda suelta a su política militarista y racista de reprimir y criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos y toma acciones ante el engaño de empresas extractivas violadoras de derechos fundamentales.

En febrero de este año, la empresa Hidro Xacbal Delta suscribió un convenio con la aldea Sotzil, del municipio de Chajul, Quiché. En aquel momento, la empresa asumió el compromiso de resarcir con Q10 mil a cada una de las 253 familias maya ixil si permitían el paso por terrenos comunitarios de maquinaria que se utilizaría para la construcción de la hidroeléctrica. La comunidad cumplió con lo acordado. Pero la empresa que debía realizar el pago el 26 de abril, impunemente incumplió.

Ante semejante incumplimiento, la aldea organizada de Sotzil se indignó y el 28 de abril nuevamente bloqueó el camino en señal de protesta. El gobierno de Otto Pérez no exigió a la empresa Hidro Xacbal Delta que resarza a las 253 familias maya ixil afectadas por la construcción de la hidroeléctrica. Por el contrario, respondió con violencia, aproximadamente 200 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y 34 radiopatrullas desalojaron violentamente a las personas. En ese violento desalojo fueron capturados Pedro Pacheco Solano, Bonifacio Itzep Mateo y Baltazar Zúñiga.

Al reprimir a la aldea Sotzil, el gobierno ha preferido proteger los intereses de esa empresa extranjera como lo ha hecho con otras empresas extractivas a lo largo y ancho del país.

Por otro lado, si la PNC solo tenía que desalojar a quienes manifestaban en el camino, ¿cómo se explica que prepotente y abusivamente avanzó para invadir la comunidad de Sotzil? Ante tal abuso de poder, la población de la cabecera municipal de Chajul se indignó y salió a la carretera para protestar.

Las fuerzas policiales en vez de retirarse del municipio de Chajul, otra vez arremetieron contra las y los manifestantes, con golpes y el uso excesivo de bombas lacrimógenas disolvieron la protesta y, con el apoyo del Ejército, persiguieron a la población en protesta. Se reportaron niñas, niños y mujeres con señales de intoxicación a consecuencia de bombas lacrimógenas que cayeron en las casas.

Durante los años más sangrientos y oscuros de la política genocida de la década de 1980, en la aldea Sotzil y comunidades aledañas, el Ejército cometió atroces masacres. En tal sentido, difícilmente se puede negar que ese violento operativo policial nuevamente ha removido las heridas emocionales, psicológicas y los traumas del terrorismo de Estado que golpeó fuertemente al pueblo maya ixil.

Por ello, el uso desmedido y abusivo de las fuerzas policiales y antimotines contra la comunidad Sotzil debe ser analizado más allá del contexto de la construcción de la Hidroeléctrica Xacbal Delta.