“Le pedí la renuncia a todos mis ministros. Me tomaré 72 horas para saber quién se queda y quién se va”, dijo Bachelet con la voz entrecortada, tras semanas de tensión por los ecos del escándalo por el millonario negocio de especulación inmobiliaria que concretaron su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon.
El escándalo ha significado un duro golpe para Bachelet, cuya popularidad se derrumbó a un mínimo del 29%, lo más bajo de sus dos periodos de gobierno, de acuerdo a una encuesta difundida este jueves.
El sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP) mostró una caída en el respaldo de la mandataria de nueve puntos desde noviembre, y está en línea con otras encuestas publicadas en los últimos días.
“Ha sido duro por el caso mismo y porque la gente no me creyó”, dijo la mandataria en la entrevista, donde por primera vez enjuició públicamente la actuación de su hijo y la calificó de “imprudente.”
– Golpe de efecto –
Exigir la renuncia de sus ministros “es una señal de autoridad, un golpe de efecto” de Bachelet, dijo Fernando Rosenblatt, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Católica de Chile.
Para el politólogo Mauricio Morales, de la Universidad Diego Portales, es un intento de volver a encauzar su gobierno. “Lo que está realizando la presidenta es un golpe de timón que puede tener efectos significativos en la composición de su gabinete”, dijo a la AFP.
La medida es drástica porque “hará una cirugía mayor dentro de su gabinete, sacando a su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, algo que era casi impensado, y eso va a implicar un cambio muy profundo”, estimó Morales.
Peñailillo, considerado el “hijo político” de Bachelet, quedó en el ojo del huracán tras revelarse que está involucrado en un caso de financiamiento irregular de la actividad política, que involucra hasta ahora a decenas de opositores y de miembros del gobierno, a través del uso de boletas por servicios no prestados a grandes conglomerados económicos, como el grupo Penta y la minera Soquimich.
El caso, por el que están bajo arresto domiciliario los dos controladores de Penta y al exgerente general de Soquimich, agudizó la crisis de desconfianza política que vive Chile, considerado uno de los países menos corruptos de América Latina por ONG que evalúan el desempeño del sector público como Transparencia Internacional.
– Vieja guardia o jóvenes con hoja de vida limpia –
Bachelet confirmó este jueves en su cargo al canciller Heraldo Muñoz, acallando las críticas por la inconveniencia de dejar en el limbo al diplomático mientras se desarrollan en la Corte de Justicia de La Haya los alegatos por una demanda marítima planteada por Bolivia.
Pero la presidenta no ha dado señales sobre qué pasará con el resto de su gabinete.
Para la renovación, la mandataria podría recurrir a políticos experimentados de su coalición o dar paso a caras nuevas.
“La presidenta hoy día tiene dos alternativas: recurrir a la antigua guardia de la Concertación —la coalición gobernante—, o asumir una estrategia distinta llamando al gabinete a gente que tiene menos experiencia política pero que tiene la hoja de vida limpia”, estimó Morales.
Bachelet “aún tiene cierta reserva de legitimidad por los atributos blandos que todos conocemos”, dice Rosenblatt, sobre la cercanía, sencillez y empatía que la mandataria logra con la población.
“Creo que ella de alguna manera ha estado actuando como madre y eso ha sido su error. Pero creo que si ya se reivindica cambiando este gabinete y escogiendo a personas que sean de carácter fuerte pero sanas de mente y de corazón, creo que le va a ir súper bien”, dijo a la AFP Hugo Carvallo, un vendedor de diarios de Santiago.
-Fiscalía pide imputar a políticos-
La Fiscalía Nacional de Chile solicitó la formalización de cinco políticos conservadores, incluidos un diputado y un senador, por su presunta vinculación en la financiación ilegal de campañas electorales a través de las empresas del grupo Penta y la minera Soquimich (SQM).
Según informaron fuentes judiciales, los políticos que serán imputados por delitos tributarios son el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy, los exparlamentarios Alberto Cardemil y Jovino Novoa, y el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, todos de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Se trata de los primeros políticos que serán formalizados en el marco de la investigación de los casos de corrupción político-empresarial que involucran al grupo Penta y a SQM, sospechosas de financiar a políticos a través del pago de boletas de honorarios por servicios nunca prestados.
La fiscalía cree que los cinco representantes de la UDI entregaron facturas falsas a esas empresas para recaudar fondos para sus actividades políticas y permitió a las compañías rebajar la carga tributaria y pagar menos impuestos.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, que lidera personalmente la investigación de estos casos, confirmará públicamente en los próximos días los nombres de los políticos, que serán imputados en el octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
En una primera etapa del proceso, la fiscalía imputó a los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quienes estuvieron varias semanas en prisión preventiva y actualmente cumplen arresto domiciliario a la espera de que se realice el juicio.
La semana pasada también fueron imputados Patricio Contesse, exgerente general de Soquimich, y otros dos ejecutivos de la empresa, controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet.
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el arresto domiciliario total y arraigo nacional —prohibición de salir del país— para Patricio Contesse, tras rechazar un recurso de la fiscalía que pedía cambiar la medida por prisión preventiva.
El caso Penta empezó con una denuncia por fraude tributario contra los controladores del grupo, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20 mil millones de dólares.
La investigación a Soquimich surgió como un apartado dentro caso Penta e involucra a representantes de todo el arco político, incluido el ministro del Interior, Rodrigo Peñilillo, que en 2013 emitió boletas a un operador político que a su vez recibió dinero de la minera. EFE
