Hugo Maúl Figueroa explicó que la figura del antejuicio busca proteger a los funcionarios de acusaciones y procesos espurios o con fines políticos pero que la norma actual impide a los señalados a poder renunciar al derecho de antejuicio y poder enfrentar un proceso legal.
“Creo que un antejuicio, así como esta en Guatemala no funciona. El señalado aunque esté siendo investigado sigue ejerciendo el cargo. No creo que ningún puesto puede ser ejercido eficientemente si está siendo procesado y tiene que ir al banquillo de los acusados”, expresó Maúl.
Por su parte el diputado Álvaro González Ricci, que fue uno de los elegidos para integrar la comisión pesquisidora, afirmó que en estos momentos de convulsión social, el Congreso debe actuar conforme a derecho.
“No nos va temblar la mano para conocer todos los antejuicios de personas señaladas de corrupción. Los funcionarios debemos de dar cuenta a la ciudadanía y qué bueno que nos están fiscalizando porque debemos de rendir cuentas al electorado”, expresó el parlamentario.
Para Maúl y González , las manifestaciones públicas pacíficas convocadas por ciudadanos fueron decisivas en las decisiones que han tomado los órganos de justicia y los políticos.
“Creo que las manifestaciones públicas seguirán pidiendo justicia y exigiendo que se frene la corrupción. Este movimiento no se detendrá y si los políticos siguen sin escuchar ese mensaje los niveles de insatisfacción se elevarán”, concluyó Maúl.
