El niño, que actualmente tiene 10 años y cuyo nombre no se divulgó, fue abusado en 2011 en el baño de un club de fútbol de barrio donde jugaba, en la periferia norte de Buenos Aires, por Marcelo Tolosa, vicepresidente de la institución y a quien los niños llamaban “el entrenador.”
El delito, denunciado por la abuela del niño, quedó probado y el hombre fue condenado en dos instancias judiciales a seis años de cárcel.
Pero la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la máxima instancia judicial antes de la Corte Suprema del principal distrito, redujo la condena a tres años y dos meses.
Los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués bajaron la pena por considerar que se trataba de un “abuso simple” y no “ultrajante”, debido a la inclinación sexual del niño y porque había sido violado antes por su propio padre, que según ellos estaría preso por ese acto.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó ese fallo como una “burrada” y una “animalada” por lo que pidió que los jueces “sean llevados a jury (ndlr: juicio político).”
– “Sólo falta decir que disfrutó” –
“El fallo es inentendible, inexplicable, desconoce los principios básicos de los derechos del niño. Se revictimiza a la víctima. Sólo falta que digan que el niño disfrutó”, advirtió Paulón.
La FALGBT fue la primera que reaccionó y pidió que se abra un juicio político para destituir a los jueces.
Los magistrados escribieron en el fallo que “es claro que la elección sexual del menor (…) ya habría sido hecha, conforme a las referencias a la recurrencia en la oferta venal y al travestismo.”
Sostuvieron sin otro fundamento, que el niño “transitaba una precoz elección de esa sexualidad.”
El abuso sexual simple, figura que supone que no hubo penetración con el pene, prevé condenas de 3 a 20 años de prisión, según el Código Penal argentino que considera agravante el “ultraje” que depende de la duración o “las circunstancias de su realización”, mientras que lo más grave es abuso con acceso carnal.
– Indignación y estupor –
Tras conocerse el fallo, la indignación se propagó como reguero de pólvora entre organizaciones oficiales y no gubernamentales.
Fernández sostuvo este martes que se trata de “una de las animaladas más grandes que se ha visto en ese país” y advirtió que “no existe consentimiento del menor” cuando la persona tiene seis años.
El portavoz del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández insistió en lo “aterrador de la burrada.” “Estamos en manos de tarados”, dijo al reclamar el juicio político contra los magistrados porque actuaron “contra la ley.”
“La relativización de la figura del ‘doblemente ultrajante’ es terrible; y es más frecuente de lo que se imagina relativizar esta situación”, advirtió Fernández.
El INADI, el instituto contra la Discriminación, intervendrá de oficio para denunciar a los jueces de casación.
“Es un fallo condenable desde lo humano y lo jurídico”, declaró Pedro Mouratian, titular del INADI.
Una petición para “el urgente tratamiento del juicio político” contra ambos magistrados se divulgó por las redes sociales sosteniendo que este es “un hecho aberrante e intolerable, estigmatiza y responsabiliza a las víctimas, defienden a violadores y pederastas.”
En el pedido se recuerda que en el 2011 los mismos jueces redujeron la pena a un pastor acusado de abusar de dos adolescentes de 14 y 16 años argumentando que “son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas.”
Por este fallo del 2011, se había intentado abrirles un juicio político “que quedó congelado por cuatro años”, recordó Paulón.
