La medida precautoria consiste en la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El arraigo fue otorgado por un juzgado de Familia, a petición de Roberto Barreda, esposo de la víctima y principal sospechoso de su desaparición, quien desde prisión hiciera la solicitud mediante su abogado.

Juan Luis Siekavizza manifestó que por el momento desconocen porque fueron arraigados. Y que fueron notificados hace tres semanas, aunque no tiene ningún interés en salir del país.

“Por cuestiones de agenda, por las distintas diligencias que deben realizar en el país y por cuestiones económicas ellos -los hijos de Cristina- no han salido del país desde noviembre del 2013 cuando este fue traído de México donde estaba escondido”, dijo Siekavizza.

Además, Juan Luis presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) para que se investigue quienes colaboraron con Roberto Barreda cuando este estuvo escondido en México.

En conferencia de prensa, integrantes de la Fundación, los padres de Cristina Siekavizza y Voces por Cristina, solicitaron al Ministerio Público que investigue a las personas que pudieron haber ayudado y sostenido financieramente a Barreda durante su estadía en México, donde estuvo prófugo tras llevarse a sus dos hijos.

Cuatro años sin aparecer

El próximo 7 de  julio se cumplen cuatro años de que fuera vista con vida por última vez Cristina Siekavizza, en su vivienda, en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta a San José Pinula y hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado, pese a que el principal sospechoso, su esposo Roberto Barreda, está capturado desde noviembre de 2013, cuando fue localizado con una identidad falsa en México. El caso se ha convertido en el símbolo de los extremos a los que llega la violencia intrafamiliar y también ha desnudado las vulnerabilidades del sistema de justicia, debido al tráfico de influencias.

A la fecha se han realizado más de 100 diligencias, infructuosas, en busca del cuerpo de Cristina. Sin embargo, Héctor Canastuj, fiscal especial del caso, afirma que no se detendrá hasta localizar los restos.

Las pesquisas siguen incluyendo la misma escena del crimen, que es la casa que habitó la familia Barreda Siekavizza.

Se busca cualquier tipo de pista, pese a que desde el inicio hubo una limpieza de evidencias.

La investigación sigue en pie con la hipótesis de que la víctima estaría sepultada, dijo Canastuj.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Foresenses (Inacif) en tres años desde la desaparición de Cristina, han efectuado 51 análisis genéticos, es decir ADN, a osamentas de mujeres que han sido exhumadas o encontradas. Al Inacif, en promedio, le cuesta unos US$300 —Q2 mil 400— cada análisis.

De igual forma, se han efectuado 38 evaluaciones biológicas, que significa analizar objetos en búsqueda de fluidos que puedan dar positivo con el cuerpo de la víctima, según Roberto Garza, vocero del Inacif.

En promedio se solicitan dos veces al mes dichas diligencias en este caso. Entre algunos lugares donde se han realizado s están El Progreso, Quetzaltenango y Villa Canales, en terrenos baldíos, cementerios y el río Motagua.

Noche fatídica

El 6 de julio del 2011 la pareja de esposos Barreda Siekavizza tienen una discusión que habría terminado en violencia intrafamiliar. Según Olga Say, empleada de la familia Barreda Siekavizza, esa noche la pareja discutió y después vio inerte a su patrona.

Al día siguiente se presume que Roberto Barreda sacó el cuerpo de la vivienda. Después informó a sus suegros sobre la ausencia de su cónyuge.

El 29 de julio, por temor a que Barreda sacara del país a sus dos hijos, se activó la alerta para localizar a los niños.
Un día después, Barreda, acompañado de sus hijos, se presentó a la Procuraduría General de la Nación, por lo que se desactivó la alerta Alba Keneth.

Semanas después, el esposo de Cristina huye del país y se lleva a los dos hijos.