El tema no sorprendió a muchos, que han visto cómo el emporio de Mario Estrada, candidato presidencial de la Unidad del Cambio Nacional, creció en tan solo un par de décadas hasta alcanzar inversiones en gasolineras, empresas constructoras, de comunicación y otras más, principalmente en su ciudad natal, Jalapa, y el oriente del país.
La detención de Estrada y su consecuente acusación son la noticia. Sin embargo, su captura en Estados Unidos obliga a ver más a fondo la situación del país, que aún sigue siendo visto por el narcotráfico con mucho interés por su posición geopolítica y su débil democracia.
Si ofrecer protección gubernamental a cambio de dinero o seguridad no le suena novedoso, es porque seguro le trae a la memoria la acusación que EE. UU. mantiene en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, por ofrecer paso libre y protección estatal al cartel de los Zetas a cambio de financiamiento político y seguridad, durante la campaña electoral que ganó el Partido Patriota en el 2011.
Baldetti aceptó en junio del 2017 su extradición a ese país por los cargos que se le señalan. Sin embargo, primero debe dilucidar su situación legal en Guatemala.
“El tema no es de si los narcos se acercan a los políticos, sino cómo los políticos se acercan a los narcos”, advierte el general en condición de retiro y experto en seguridad Ronaldo Leiva, que también reconoce que, a voces, se sabe que muchos políticos en Guatemala buscan los recursos provenientes del trasegó de drogas.
Que Guatemala siga “cotizada” por el control del narco es una mala señal. “Es preocupante”, dice Christians Castillo, jefe del área política del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Para el politólogo, hay un intento del narcotráfico de reposicionarse y buscar el control del país a través de la clase política y pagar campañas políticas es una forma de llegar a la administración del Estado.
“Desde el modelo de Pablo Escobar se ve como el narcotráfico prácticamente cogobierna. Aquí lo hizo con el Partido Patriota y el mismo Otto Pérez Molina intentó despenalizar el tema de las drogas y lo llevo al debate internacional”, señala Castillo, mientras califica de penoso que la clase política de Guatemala piense que, estando tan cerca de EE. UU. todavía haya una posibilidad de negociar con estructuras criminales a las que ese país les ha declarado la guerra.
Guatemala, de paso
“La situación no es nada extraño… de él”, dice el general en condición de retiro y experto en seguridad, Ronaldo Leiva, que resalta que el narcotráfico aún ve a Guatemala como un territorio útil para el paso de drogas, no así para ser un centro de operaciones para los carteles, por el limitado territorio que no compite ni con Colombia ni con México, donde ya están establecidos.
“Somos una vía de paso (…) siempre les va a convenir una alianza política, es una forma de operar de los carteles de la droga: siempre buscar tener injerencia o la anuencia de los gobiernos de turno”, expone Leiva.
A otros narcotraficantes que ya han sido condenados en EE. UU. la fiscalía les ha comprobado cómo han utilizado a Guatemala y Honduras como áreas para almacenar la droga de manera temporal, mientras se traslada de Colombia a México.
Los políticos se acercan a los carteles por dinero y no solo ha sido por la campaña política. El general Leiva señala que también les interesa el tema de seguridad y esa asociación política con el narcotráfico llevó, incluso, a que Guatemala perdiera la certificación de EE. UU. durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido político que llevó por primera vez a Mario Estrada al ruedo político, a través de un escaño en el Congreso.
Otros politólogos coinciden en que la captura de Estrada no demuestra el vínculo de la política con el narcotráfico, la relación ya era conocida, lo que demuestra es que el Estado sigue siendo permeable al crimen organizado.
Crece incertidumbre
En plena Semana Mayor y a 59 días de las elecciones generales, el escenario es más incierto.
- Mario Estrada, presidenciable de la Unidad del Cambio Nacional (UCN), ahora capturado por el Gobierno de Estados Unidos.
- Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque está inscrita el Ministerio Publico pidió a la Corte de Constitucionalidad que ordene reabrir la petición para retirarle el derecho a antejuicio por financiamiento ilícito.
- Thelma Aldana, presidenciable de Semilla, no inscrita aún por tener una orden de detención y cuyo finiquito fue anulado por Contraloría. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoce ahora una apelación.
- Zury Ríos, presidenciable de Valor, quien a pesar de estar inscrita por orden de la CSJ, la CC aceptó un amparo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la posibilidad de tener una prohibición constitucional.
- Mauricio Radford, presidenciable de Fuerza, a quien el Registro de Ciudadanos le anuló su inscripción por no incluir información de un proceso judicial en su declaración jurada.
- Thelma Cabrera, presidenciable del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el TSE aún no define su candidatura pues se presentó un recurso de nulidad ante el pleno de Magistrados.
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