Por la tarde se efectuó un segmento de preguntas y respuestas; sin embargo, no hubo conclusiones.
Carlos Contreras, ministro de Trabajo, explicó que ayer solo se escuchó a las partes de manera física, ya que el panel se ha desarrollado vía internet, pues hay tres países involucrados, tomando en cuenta al juez que es canadiense.
Los jueces harán las deliberaciones necesarias para emitir el informe, en septiembre próximo, que dará cuenta de lo que los jueces observaron durante el proceso, añadió el funcionario.
Las demandas laborales realizadas por Estados Unidos contra Guatemala están sustentadas con las obligaciones del artículo 16.2.1 del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Para el ministro Contreras, aunque la economía del país luce sólida, el litigio afecta las decisiones de inversionistas y compradores extranjeros, lo que podría impactar de manera directa en la generación de puestos de trabajo y las oportunidades de crecimiento de las exportaciones.
Un litigio no beneficia a los trabajadores guatemaltecos; se plantea como un apoyo, pero el resultado es muy distinto, dijo Contreras. “Lo considero innecesario”, resaltó.
Por las obligaciones entre las regiones adquiridas al firmar un TLC siempre habrá disensos, por lo que en cualquier momento se puede abrir un panel para resolverlos, señaló el funcionario.
El dirigente sindical, Adolfo Lacs, lamentó que pueda existir algún efecto negativo para el país, derivado del panel arbitral, por lo que señaló que eso es lo que debería evitar Guatemala y asegurarse de que se cumplan las leyes laborales.
“No pueden quejarse de la mala imagen y sus efectos si no cumplen las leyes laborales”, refirió el sindicalista.
Lacs agregó que va a generar más daño la crisis política actual.
El ministro dijo que está seguro de que Guatemala saldrá triunfante, porque se han hecho los esfuerzos necesarios para que el país se encamine en una vía de legalidad y respeto a los derechos de los trabajadores.
En caso de que el dictamen fuera a favor de EE. UU., Guatemala será sancionado por un monto de US$15 millones, que servirían para reforzar el sistema laboral.
