Eso significa que a partir del 1 de enero del 2016 las empresas que venden sus productos a otros socios comerciales en el extranjero podrían estar sometidos a sanciones comerciales si el Congreso no hace los cambios requeridos en las normativas relacionadas con el retiro de los incentivos.
En particular, el sector exportador de vestuario y textiles es el que presenta más problemas y mayores riesgos.
Este fue el compromiso que adquirió Guatemala en la hoja de ruta trazada en el 2010; sin embargo, hasta ahora no hay una adecuación de la normativa interna en materia de incentivos a la actividad exportadora.
Concepto
La OMC solicita el cumplimiento por el Estado de Guatemala del compromiso de eliminar las subvenciones prohibidas, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, son las condicionadas a los resultados de exportación y las condicionadas al uso de materias primas locales.
Las empresas exportadoras de productos industriales no pueden extender sus beneficios más allá del 31 de diciembre de 2015; caso contrario, se violaría el Acuerdo de la OMC, al mantener vigentes las subvenciones más allá de la fecha pactada.
Los sectores a los que se les extinguen derechos de gozo de subvenciones supeditadas a exportación son aquellos catalogados por la OMC como industriales.
Al respecto, los agentes económicos, así como las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Contraloría General de Cuentas de la Nación y el Ministerio de Economía (Mineco) mantienen varias interpretaciones de lo que pueda ocurrir en el primer día del 2016.
Entre esas expectativas, se relacionan con que si el acuerdo de subvenciones de la OMC es ley nacional aprobada por el Congreso, del ámbito del derecho internacional.
Además, si el Gobierno dejará sin beneficios de las subvenciones a los exportadores en el 2016, e inclusive si se podría incurrir en un incumplimiento de la norma vigente y conceder ilegalmente las subvenciones por parte del Mineco y la SAT.
La subvención a las exportaciones se da a través de la exoneración del Impuesto Sobre la Renta.
En la actualidad están vigentes esa subvenciones por medio de las Leyes de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89; Ley de Zonas Francas, Decreto 65-89 y Ley de Zolic, y el compromiso del Estado ante la OMC es desmantelar esos incentivos.
Toda apunta, según los especialistas consultados por Prensa Libre, que la decisión corresponderá a la siguiente legislatura y la eventual exposición de sanciones que emita el órgano regulador del comercio a escala mundial.
Dos caminos
Mariano Rayo, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales, expuso que Guatemala tiene dos caminos para cumplir los compromisos en lo que resta de este año.
El primer escenario, indicó, es que el Congreso apruebe “algo” que aborde el encargo con la OMC y esos textos aprobados deberán de ser aprobados por ese organismo.
El otro ambiente, dijo, es el pesimista, o sea que el Legislativo no apruebe nada.
“Se da incertidumbre jurídica enorme a los agentes económicos y las consecuencias podrían reflejarse en este semestre para entregas en el 2016”, dijo.
Eso significa, según Rayo, que los exportadores, sin ningún sector específico, pierden los incentivos para poder comercializar con otros socios, y los pone en desventaja de competitividad respecto a otros países que ya resolvieron las incentivos.
Para el consultor fiscal Juan Carlos Paredes, de no continuar la exoneración de ISR para las empresas 29-89 y 65-89 estas tendrán que tributar y enfrentar las condiciones competitivas que otras empresas similares en Centroamérica, el Caribe y México gozan de estos beneficios.
“Lo que queda es pedir una extensión al vencimiento en la OMC o hacer cambios a las leyes referidas para sostener la inversión y el empleo de aquellas empresas que compiten a nivel internacional”, agregó.
Miembros del Directorio de la SAT informaron que este tema se resolvería en el primer trimestre del 2016. En este caso, opinan que se debe incluir una nueva ley que fomente la industrialización con incentivos.
Para Rayo, lo ideal es una discusión amplia y, por ahora, resolver lo urgente para el 2016.
En la actualidad circula una versión que empataría los requerimientos que exige la OMC y cumplir con esos lineamientos que comprendería reformas a la Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89 y Ley de Zonas Francas, Decreto No. 65-89.
El objetivo sería aprobar los cambios, mientras se diera el paso para una discusión amplia sobre la eliminación de las subvenciones, atracción de inversión y generación de empleo.
