Quienes manifestamos en las calles de la ciudad capital, en la Plaza de la Constitución, en los departamentos, en el extranjero, en las redes sociales, así como quienes participan en los plantones, foros-debates o en la iniciativa de ayer #HagamonosElParo —AntesDeQueNosSalgaMásCaro—, lo hacemos para exigir un nuevo sistema político y social, que no tolere más corrupción e impunidad que anidan en las instituciones del Estado.

Sabemos que esto requiere la renuncia de Otto Pérez Molina y la urgente reforma de una serie de leyes ordinarias que garantizarán el inicio del saneamiento de las instituciones del Estado. En el corto plazo, urge la depuración del Congreso y la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por eso, demandamos el aplazamiento de las elecciones porque ya no queremos partidos políticos corruptos y clientelares. Ya no queremos mercaderes electorales que se valen del voto ciudadano para llegar al poder y de la mano de las redes criminales continuarán con el latrocinio a costa de violar los derechos sociales de la niñez, las mujeres, las juventudes y los hombres. Por eso, insistimos en que sin nuevas reglas del juego no queremos elecciones.

Esta exigencia en ningún momento busca romper con el orden democrático institucional, lo único que demandamos es ir a las urnas en noviembre —y no septiembre— del presente año. Si en la primera vuelta no saliera ningún binomio presidencial ganador, es factible realizar la segunda vuelta electoral en diciembre de 2015. Por tanto, la toma de posesión se realizará el 14 de enero a las 14:00 horas del 2016, tal como se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Si atendiendo a formalismos, se privilegia ir a las elecciones el 6 de septiembre, sin reformar la LEPP, se legitimará la corrupción, el nepotismo, el transfuguismo, la impunidad y las prácticas clientelares causantes de la crisis política por la que atraviesa Guatemala. Esta crisis podría agudizarse si llegara al poder Manuel Baldizón del partido Líder, quien descaradamente ha transado con el Partido Patriota, en otras palabras, el PP y las mafias continuarán en el poder estatal.

El riesgo es que se reelijan diputadas, diputados y alcaldes que se han valido de las instituciones del Estado para enriquecerse ilícitamente y continuarán con el nepotismo y al tráfico de influencias, flagelos sociales que corroen la democracia, el Estado de Derecho y ponen en peligro la estabilidad política de esta Guatemala secularmente agredida por quienes la han gobernado y gobiernan. Sirva de ejemplo Baudilio Hichos, diputado de Líder, quien lleva más de 21 años en el Congreso, para ello ha recurrido al transfuguismo y ha construido una red de nepotismo que le ha dado poder y control en el departamento de Chiquimula (PL, 1/6/2015).

Por ello, solicitar el aplazamiento de las elecciones no atenta contra la Constitución, por el contrario, reformar la LEPP y depurar el Congreso garantizará la asistencia a las urnas con nuevas reglas. De esa manera es posible trazar sendas honestas y transparentes para fortalecer la democracia electoral y la institucionalidad estatal.