El 30 de junio de 2014, el ejército mexicano dijo que 22 presuntos delincuentes, entre ellos una menor de 15 años, murieron en un enfrentamiento con militares en una bodega de Tlatlaya.
Después de que una testigo superviviente asegurara a medios que esas personas fueron ejecutadas a sangre fría luego de rendirse, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó en octubre que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los uniformados.
En un comunicado la noche de este miércoles, la fiscalía del estado de México dijo que de sus investigaciones “se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas.”
Esto “con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo con orígenes en el Estado de Michoacán”, añadió la dependencia.
Un oficial y seis soldados enfrentan un juicio por su presunta participación en las muertes de Tlatlaya, acusados de ejercicio indebido del servicio público, aunque sólo tres por homicidio calificado de ocho personas.
Un total de 20 funcionarios de la fiscalía del estado de México estaban siendo investigados por posibles torturas a testigos de este caso, considerado uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón lanzó al ejército a las calles para enfrentar a los cárteles de la droga.
