En el instituto Belén, el 17 de septiembre, las estudiantes del ciclo básico tuvieron que escuchar la charla que impartía un oficial sobre “liderazgo femenino”, mientras tanto cuatro soldados armados caminaban por el auditórium.

Sobre el abuso del poder militar, desde el 2012 en varias comunidades rurales del municipio de Ixcán, Quiché,  y en las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, autoridades comunitarias, lideresas, líderes, madres y padres de familia denunciaron que a las escuelas han llegado militares con el pretexto de  realizar “actividades lúdicas” con las niñas y niños.

Los soldados en varios momentos han llegado a las escuelas de estas comunidades y han llevado piñatas. Refieren las autoridades comunitarias que el objetivo de la supuesta “actividad lúdica” es ganarse la confianza de la niñez; luego muestran a las niñas y niños unas listas que manejan preguntándoles por el nombre de las personas que ahí aparecen y el lugar de su residencia.

Llama la atención que el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Defensa hayan elegido a los institutos donde las y los estudiantes rechazaron de manera enérgica la supresión de la carrera magisterial. Mientras que las comunidades del municipio de Ixcán se oponen al cultivo de la palma africana y a la construcción de la represa Xalalá. Y en el caso de las 12 comunidades maya kaqchikel han rechazado y rechazan de manera contundente la minería de cemento en su territorio.

En esta misma línea de reflexión, el colmo es la descabellada iniciativa de ley presentada recientemente por el diputado Marvin Osorio, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder)  que pretende imponer la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas y privadas.

La intromisión militar y religiosa en asuntos educativos, vulnera los derechos de la comunidad educativa en Guatemala, especialmente porque atenta contra la libertad de enseñanza y criterio docente (Art. 71), restringe el fin primordial de la educación que consiste en garantizar el desarrollo integral de la persona, el conocimiento de la realidad y la cultura nacional y universal (Art. 72) y vulnera la libertad de religión (Art. 36).

Un sistema educativo bajo la bota militar y basada en el fundamentalismo religioso  pone en riesgo la democracia, la Constitución Política y el estado de Derecho en Guatemala.