En la sala de vistas del máximo tribunal se encontraban al menos cien personas. Cada accionante tuvo 15 minutos para presentar sus argumentos.
“Precedente nefasto”
El abogado Stuardo Ralón, en representación de la Cámara del Agro (Camagro), indicó que se impugnaron 24 preceptos legislativos que contienen el mismo vicio de colisión contra la Constitución, y mencionó que al permitir que el Legislativo haga modificaciones sin el procedimiento adecuado, “se sienta un precedente nefasto, porque el Congreso debe respetar límites en actos puntuales”.
Rosa Montenegro Porta, en nombre propio, expresó mediante su abogado Áxel Barrios que los diputados no dieron lectura a los artículos del decreto que contiene el Presupuesto, sino solo a los títulos, lo cual consta en el diario de sesiones.
Eso coincide con la queja de los legisladores después de la sesión en la que se aprobó esa norma —el 28 de noviembre del 2014—. Montenegro impugnó artículos del 62 al 75, que contienen lo relacionado con el impuesto de Q5 a la telefonía fija o móvil y de Q100 para las centrales de llamadas.
Aumenta tarifa
La abogada Annie Dougherti, quien actúa en nombre propio, tuvo como representante a Sergio Flores Sandoval, impugnó los artículos del 62 al 71, en donde se encuentra el impuesto a la telefonía.
Explicó que no hay claridad en cuanto a quién deberá pagar el impuesto de Q5 por cada línea y el de Q100 para las centrales de llamadas o líneas concentradoras.
Dougherti añadió que si el tributo fuera trasladado al usuario, específicamente del servicio prepago, este tendría un incremento en el costo del servicio de más del 50 por ciento.
Recursos sin destino
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, por medio de su abogado Stuardo Ralón, afirmó que la acción del sector empresarial no tiene por objeto dejar sin recursos al Estado para funcionar, sino regular su uso para evitar la discrecionalidad, porque no se especifica el destino del dinero.
Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, detalló que se desconoce el destino que tendrán los Q1 mil 965 millones, porque esos recursos no fueron requeridos por el Ministerio de Comunicaciones.
“Lo que ocurrió el 28 de noviembre del 2014 en el Congreso es una vergüenza nacional, porque fue el producto de una componenda política “, afirmó Barreda.
Explicó que el Ministerio de Salud tiene una deuda flotante de Q626 millones, y que adeuda más de Q128 millones en medicinas.
No hubo iniciativa
Mario Fuentes Destarac, en representación de la Cámara de Industria, aseguró que no se cumplió con el principio de iniciativa de ley.
“No hubo iniciativa de ley para esas discusiones de carácter tributario; entonces, no se cumple con el principio del debido proceso legislativo”, expresó.
El abogado Fabián Augusto Zetina Vásquez, de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se pronunció contra el aumento de regalías por explotación minera.
Manuel Pérez y Carlos Revolorio, de Cementos Progreso y Cemex, respectivamente, manifestaron su inconformidad por el incremento al impuesto de la distribución del cemento, porque afecta al sector de la construcción y no se ha definido destino para los recursos de ese tributo.
Emerson Ordóñez, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aseveró que la aprobación del Presupuesto no fue antojadiza y recalcó que los recursos son necesarios para funcionamiento.
Interponentes amplían postura sobre impugnaciones a plan de gastos aprobado por el Congreso para 2015
Se otorga poder peligroso
Stuardo Ralón, abogado de Camagro, dijo: “Estaría dando al Congreso un poder muy peligroso de interpretar la Constitución, lo cual solo le corresponde a la Corte de Constitucionalidad y a ningún otro órgano”.
Carecen de iniciativa de ley
Axel Barrios Carrillo, en representación de la abogada Rosa María Montenegro, señaló que los capítulos agregados “en el camino” al decreto 22-2014 carecen de iniciativa de ley, por lo que es irregular su aprobación.
Sería doble tributación
Sergio Flores Sandoval, representante de la abogada Annie Dougherti, dijo que las telefónicas pagan por la administración de los números de teléfono, de tal manera que el nuevo impuesto sería doble tributación.
No se puede pagar deuda
Stuardo Ralón, abogado del Cacif, expuso que la Ley indica que asignaciones de Educación, Salud y Comunicaciones no pueden ser usadas para pago de deuda, como dice el decreto 22-2014.
Dictamen apresurado
Carlos Barreda, diputado de la UNE, reveló que 10 minutos antes de que empezara la sesión del 28 de noviembre de 2014 llegó el dictamen de la Comisión de Finanzas, contrario a la norma.
Modificaron normativas
Mario Fuentes Destarac, abogado de la CIG, afirmó que la aprobación del decreto que contiene el presupuesto modifica leyes tributarias para minería y distribución de cemento.
Impuesto del 233 por ciento
Manuel Fernando Pérez, de Cementos Progreso, detalló que el impuesto a la distribución de ese material tiene un incremento del 233%, sin especificar cuál será el destino de los fondos.
Restan inversión
José Ceferino Mejía López, alcalde de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, indicó que la población está molesta porque el aumento de regalías por minería resta recursos a inversión.
Artículos suspendidos
El máximo tribunal suspendió 18 artículos del decreto 22-2104
Artículo 33. Inciso b) No se podrán utilizar fondos de los bonos del tesoro en gastos de funcionamiento.
Artículo 55. Los Consejos Departamentales de Desarrollo quedan facultados para suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales para ejecución de obra física.
Artículo 57. Quitaba obligación de emitir comprobantes de disponibilidad financiera.
Artículo 58. Párrafo que establecía que recursos asignados a Educación, Salud y Comunicaciones no podían transferirse a otras instituciones, excepto para el pago de deuda.
Artículo 67. Fijaba impuesto de Q5 mensuales por línea telefónica fija o móvil, y pago de Q100 por centrales de llamadas o líneas concentradoras de llamadas.
Artículo 73. Otorgaba a la Superintendencia de Administración Tributaria la facultad de instalar dispositivos de control en compañías telefónicas.
Artículo 75. Reforma al Código Penal y establecía castigo para quienes simularan, ocultaran, modificaran, maniobraran o alteraran el contenido de los registros detallados de telecomunicaciones para menoscabar el pago de impuestos a líneas de telefonía móvil o fija.
