Nuevos señalamientos de corrupción en el Congreso de la República, se suman una serie de hechos que comenzaron una mañana del 16 de abril con la desarticulación de la estructura La Línea; investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig) y el Ministerio Público (MP), que generó una crisis política que para muchos aún no ha tocado fondo.
Los casos han sido protagonizados por funcionarios sobre quienes según los investigadores pesan pruebas contundentes en su contra, como escuchas telefónicas y documentos donde se comprueba su participación en la coordinación de ilícitos.
Para analistas el trabajo de la Cicig y el Ministerio Público han sentado un precedente este año, aunque otros aun difieren en torno a la pregunta de si ¿estará listo el MP para descubrir casos de alto impacto?.
Actualmente existe una Fiscalía Contra la Corrupción creada en octubre de 2012, y en la cual participan otras instituciones como la Contraloría General de Cuentas , la Superintendencia de Bancos y el Organismo Judicial.
El caso la Línea y el contrato fraudulento entre la empresa Pisa y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, generaron las solicitudes de antejuicio contra el Presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Los señalamientos de cuatro diputados y un alcalde por actos de corrupción se suman a los escándalos que ya existían en el legislativo por el descubrimiento de plazas fantasmas con lo cual se beneficiaba un diputado y por la captura de trabajadores que cobraban fuertes sumas de dinero a cambio de otorgar puestos de trabajo en el legislativo.
El desvío de Q 52 millones del presupuesto de la Policía Nacional Civil y las plazas fantasmas en el Congreso de la República, no quedó e incrementa el repudio de la ciudadanía.
Varias cuestionantes acerca de estos casos serán resueltos por la Fiscal General, este miércoles 8 de julio en el programa Diálogo Libre a partir de las 15.30 horas.
