El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) indicó que los representantes del sector privado ante esa directiva votaron contra las bases de licitación del proyecto.
Esa organización explicó en un comunicado que dichos representantes presentaron en noviembre del 2018 un documento con 11 objeciones en las cuales afirman que en las condiciones en las cuales se pretende realizar no es conveniente a los intereses del Inde.
Además solicitaron más tiempo para revisar el dictamen técnico que acompañó las bases, aspecto que no fue atendido, agrega el Cacif.
Las objeciones presentadas en noviembre del 2018 siguen siendo válidas y se agregaron otros puntos, se indicó, entre estos que “no hay claridad sobre quien será el responsable de los cargos operativos del contrato en el sistema”.
Agregan que “tampoco se ha establecido un procedimiento técnico para fijar los precios de referencia” mientras que las propias bases indican que ese sería el parámetro para la aprobación del sistema de la adjudicación del evento.
El proyecto podría necesitar una inversión entre US$100 millones y US$120 millones.
Objeciones al proyecto
Representantes del sector privado ante el Inde respondieron a Prensa Libre por vía escrita que el dictamen técnico dice que se estima una inversión de US$110 millones. Eso equivale a US$1 millón por mevagatio instalado.
Agregaron que en el mercado el costo de MW instalado con tecnología de seguimiento de sol (tracking) es de unos US$850 mil. Es decir que el costo estimado por el Inde está por encima del costo de mercado.
Esos datos significarían que el costo se trasladaría al precio de la energía que el Inde estaría comprando.
Este tipo de estimaciones que hace dicho instituto carecen de una base confiable, debido a que no se hicieron estudios técnicos de prefactibilidad del proyecto, agregaron en su respuesta.
Entre las objeciones indicaron que no se cuenta con un estudio que respalde la factibilidad técnica y financiera del proyecto.
Además han señalado que hacen falta otros estudios referentes la si la tecnología solar fotovoltaica es la mejor opción, tampoco referente a las ubicaciones donde se buscaría instalarlas, o que el volumen necesario sea los 110 megavatios requeridos en las bases del concurso. Añaden que hacen falta más análisis incluyendo el del precio de compra y venta de la energía.
Otra duda es acerca de la modalidad del largo plazo que se propone y la vida útil de la tecnología. El Inde no sería el constructor y operador, sino que se estaría obligando, con el contrato, a la compra de energía por al menos 20 años, pero también se cuestiona que la vida útil del equipo es de un plazo similar por lo que al finalizar el contrato y pasar equipo a esa institución estaría por terminar su vida útil.
Los representantes del sector privado en el Inde son Sergio Sosa Ramírez y Rodolfo Alegría Toruño, según los datos del sitio electrónico de esa institución.
MEM: “Esa información no es pública”
Luego de la citación del Ministro de Energía y Minas, Luis Chang, al Congreso de la República, el miércoles 1 de mayo, fue consultado sobre ese proceso aprobado para el proyecto.
El funcionario, quien preside la directiva del Inde, dijo que se trata de un tema que se está manejando en el Consejo Directivo de esa institución y que no se ha hecho público, expuso que eso quiere decir que alguien del Consejo está dando esa información, aspecto que es ilegal, agregó.
Se solicitó más información al Inde acerca de proyecto sin embargo no respondió.
Por aparte Edwin Escobar, vicepresidente del Inde, y representante de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), declaró a Prensa Libre, e indicó este jueves 2 de mayo en sus redes sociales que está en contra del proyecto ya que es negativo para la entidad, y mencionó que advirtió desde el 2018 del impacto que podría tener.
Dijo que le “alegra que el Cacif se sumó al esfuerzo de denunciar estas decisiones lesivas para el Inde”.
El Inde es el ente estatal propietarios de varias hidroeléctricas, incluyendo Chixoy, la más grande del país.
Además cuenta con la red de transmisión de electricidad más grande del país y es el ente aporta los recursos para cubrir el subsidio a la energía para la tarifa social.
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