Luego de la mediación de miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) de Alta Verapaz, los campesinos depusieron su acción y aceptaron acudir este 27 de julio a una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.
La medida de hecho inició a las seis horas de este jueves y concluyó en horas de la tarde, luego de recibir los afectados una carta firmada por Miguel Ángel Balcárcel, director del Sistema Nacional de Diálogo (SND), en donde se les invita a participar en una mesa de diálogo para plantear las demandas de los habitantes de La Campana.
“Exigimos Q125 millones como indemnización por el daño y perjuicio ocasionado desde 1894 a la fecha al modo de vida de nuestros antepasados y quienes vivimos actualmente en La Campana, porque hemos padecido la ilegal expropiación de nuestro territorio en donde, sin consulta previa, se construyó la hidroeléctrica Chixoy y que acarreó la desaparición de los tres nacimientos de agua que nos abastecían y la consecuente muerte de nuestro ganado”, explicó Benito Morán, líder comunitario.
Las demandas, además de la económica, incluyen proyectos de vivienda, construcción de una carretera formal hacia su comunidad, escuela de primaria, instituto básico y diversificado, iglesia, campo de futbol, pavimentación de las calles de la comunidad y área para la celebración de la fiesta titular.
La aldea La Campana está compuesta por 118 viviendas que son habitadas por mil 300 personas, incluidos adultos mayores, hombres, mujeres y niños.
El Instituto Nacional de Electrificación instaló electricidad en esta comunidad colindante con Alta Verapaz, en noviembre del año pasado, como primer beneficio del Acuerdo Gubernativo 378-2014 firmado entre el gobierno central y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
