Sin embargo, la dependencia no precisó si los uniformados habrían tenido algo que ver con su muerte ni tampoco especificó cuántos elementos son investigados.
La fiscalía “continuará con la investigación a fin de determinar respecto a la infracción de la disciplina militar y en su caso, proceder a la consignación correspondiente ante los tribunales militares”, dijo Defensa en el comunicado.
Los familiares de los siete jóvenes, dos mujeres y cinco hombres, han asegurado que los chicos fueron detenidos por soldados el 7 de julio en una vivienda del municipio de Calera, a unos 620 kilómetros de la capital mexicana.
presuntos secuestradores murieron a manos de militares.
Esta investigación se suma al proceso en curso contra siete militares por las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio del 2014 en la comunidad de Tlatlaya.
Esa noche, 22 presuntos secuestradores murieron a manos de militares. El Ejército informó en un primer momento que todos fallecieron en una balacera pero, tras el testimonio público de una sobreviviente, se conoció que parte de ellos fueron ejecutados después de rendirse.
De los siete militares investigados por el caso Tlatlaya, sólo tres enfrentan cargos en la fiscalía por el homicidio calificado de ocho personas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que los uniformados ejecutaron a entre 12 y 15 de los 22 muertos.
En otro caso, miembros de un grupo autodefensa del municipio de Aquila, Michoacán, oeste, acusaron el domingo a militares de atacar a civiles que protestaban por la detención del líder de esa milicia local, dejando un niño de 12 años muerto.
El Ejército mexicano fue desplegado en el 2006 en buena parte del territorio mexicano para combatir a los poderosos carteles de la droga.
Desde entonces han muerto más de 80 mil personas y 23 mil más han desaparecido en el marco de las pugnas entre narcotraficantes y la lucha contra el crimen organizado.
